La inequívoca amenaza de Sánchez a los medios críticos

El artículo 2 de la vieja Ley de Prensa de Fraga, sobre el ejercicio de la libertad de expresión admitía el derecho a la crítica al poder político «con el debido respeto», concepto no definido jurídicamente y, por lo tanto, interpretable según conviniera. Tal parece que Pedro Sánchez pretende recuperarlo para sí, por lo que se refiere a los medios que no le son favorables, a los que sitúa en lo que califica de «el lodo», «la caverna» o la «fachosfera», según el caso. Aparte de lo que ya anticipó el presidente del Gobierno sobre su propósito, dos heraldos nos han alertado de lo que está por venir. Zapatero ha sido el primero en pregonar los perfiles de las medidas que pretende imponer el Gobierno de progreso, amparándose en la aplicación del recientemente aprobado Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Zapatero se ha adelantado a decirnos que no afectará a la libertad de expresión, lo que, vistas otras experiencias sobre lo que se dice y lo que luego se hace son alarmantes. Las valoraciones del espacio gubernamental y sus consocios sobre la interpretación del referido reglamento despiertan el riesgo de una visión sesgada del mismo, como ya ocurriera con el dictamen de la «Comisión Venecia» sobre la amnistía.

Aparte de Zapatero, es significativo el anuncio del otro heraldo de lo que viene, Gabriel Rufián. Es curioso que este personaje, que presume de haber impuesto la amnistía a Sánchez, sobre todo tipo de delitos, algunos especialmente graves, pida severas sanciones futuras relacionadas con lo que a él le parezca uso indebido de la libertad de expresión. En otros ámbitos jurídicos, frente a las medidas excepcionales que se anuncian, se considera que con la correcta aplicación del Código Penal sobre determinados delitos y de la ley sobre el Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen sobre ciertas conductas, sería suficiente recurso legal frente a las noticias falsas, sus efectos y otros comportamientos semejantes.

Los compromisos de la Unión Europea de respetar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y de defender la libertad de expresión —que incluye el derecho a recibir y difundir información sin injerencias de las autoridades públicas— están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que refleja el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Pero es que además, la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) que entró en vigor el 7 de mayo de este año señala como objetivo la propia defensa de los periodistas y la libertad de prensa y acceso a las fuentes y garantizar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación de servicio público, en particular garantizando unos recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles y fomentando la transparencia de los medios de comunicación sobre ellos mismos. También establecer requisitos de transparencia para la asignación de publicidad estatal a los prestadores de servicios de medios de comunicación y las plataformas en línea por parte de las autoridades y entidades públicas.

Hay aspectos en la citada ley que debe ser valoradas especialmente, todo el conjunto de disposiciones para defender la independencia de los periodistas y otras que van a afectar especialmente, y que usan todos los partidos, donde gobiernan, de usar recursos públicos para financiar los medios que le son favorables a todas las escalas. Conviene recordar lo que recientemente manifestó el fundador de El País, Juan Luís Cebrián, expulsado de sus páginas por la actual propiedad, junto con otras destacadas firmas, como las de Félix de Azúa, Félix Ovejero y Fernando Savater (todas críticas con Sánchez). Cebrián apunta como el responsable último de este giro editorial a Amber Capital, el principal accionista de Prisa (29,7 % del capital), que está capitaneado por Joseph Ourhouglian. «Este fondo de inversión ha hecho que El País se convierta en el periódico orgánico del Gobierno», sostiene. También denunciado lo que describe como la campaña iniciada por el PSOE contra los medios de comunicación. Al igual que en otras ocasiones, ha manifestado que «los gobiernos siempre han sido los principales generadores de bulos, dado que se sirven de ellos para manipular a la sociedad». Lo dice Cebrián. O sea que, en este asunto, hay mucha leña que cortar. Y además, teniendo de mano al Constitucional para cerrar el círculo.

• Fernando Ramos es periodista