Talibanismo municipal

Siempre he considerado como valores esenciales para llevar a cabo, con eficacia y sentido común, cualquier tarea en la Administración Pública, una buena formación académica, cultural y social. Siendo directamente proporcionales al grado de responsabilidad en el cargo que haya que desempeñar. Las consecuencias de lo que llamamos «un manual de buen gobierno» convenientemente aplicado, revierten en los ciudadanos provocando una mejora en la confianza en sus servidores públicos, tanto en los más cercanos a nivel local como en las superiores esferas autonómicas y estatales de nuestro país. Desde hace unos años, tras comprobar la falta de formación de una gran parte de nuestros gobernantes y autoridades elegidos mediante sufragio electoral o designados por libre decisión de estos, me reafirmo cada vez más en la consideración de que se debería establecer como ley general el criterio de limitar a un periodo de ocho años como máximo la duración de sus funciones al servicio de los ciudadanos. Todo esto evitaría, en lo posible, «hacer carrera política» dentro de una tarea de representación de los intereses de los electores que son el principal objetivo para cualquier cargo de representación como consecuencia de un proceso electoral y reducir, posiblemente, el grado de corrupción política. A la política, reitero, hay que ir y hay que estar dando lo mejor de cada uno sin buscar la promoción y el beneficio personal. A servir y no a servirse personalmente.

Tengo un gran recuerdo de los primeros gobiernos de la democracia, tanto de la UCD como del Partido Socialista, constituidos por miembros preparados y competentes para la tarea encomendada por los presidentes de cada Ejecutivo. Especialmente los del primer gobierno de la democracia tras las elecciones constituyentes, cuyo principal objetivo era reconducir la vida de los españoles bajo los principios de la democracia parlamentaria hacia la elaboración de nuestra Carta Magna, aprobada posteriormente por una gran mayoría de los ciudadanos españoles. Ese gobierno formado en su columna vertebral principalmente por aquellos miembros del llamado Grupo Tácito, cuyo cauce de expresión fundamental fue la revista Cambio 16, supo entregarse valiente y decididamente al objetivo de crear las mejores bases de convivencia democrática entre los españoles de cualquier clase y condición. Y posteriormente demostró una enorme altura de miras cuando, tras perder las elecciones en 1982, supo retirarse del primer plano de la escena política, dejando una tarea y un camino hecho para la alternancia en el poder de las mayorías sociales que posteriormente fueron responsabilizándose de la gestión de gobernar. Ese talante, sustentado por la mejor preparación académica, cultural y social, hizo posible el logro de la llamada «transición democrática», que algunos, fruto de sus carencias en los tres valores citados, pretenden ahora poner en cuestión y derribar el edificio que con tanto esfuerzo generoso de muchos españoles nos costó levantar.

Al amparo de estas carencias se observan últimamente actitudes y decisiones en la gestión de las políticas locales lo que podíamos llamar verdaderas conductas de «talibanismo municipal», que no es otra cosa que anteponer un criterio partidista y sectario a la hora de tomar posturas con carácter administrativo en el otorgamiento de títulos u honores, como son el nombramiento de hijos adoptivos de una localidad, ciudad o pueblo, o denominaciones en el callejero municipal o centros públicos científicos o culturales.

Ese criterio partidista y sectario, sin llevar a cabo una reflexión seria y sensata sobre los merecimientos y cualidades del candidato o candidata propuestos para la concesión del galardón, lo hemos visto recientemente en una población madrileña en la que se retiraron los nombres de los actores Francisco Rabal y Asunción Balaguer en la denominación de una plaza de la localidad. Decisión que, tras varios días, más de los que se deberían, se anuló, oportunamente merced al buen sentido de la presidenta de la Comunidad Autónoma que propició, sensatamente, que las aguas volvieran al cauce del que nunca debieron haberse desviado. Al final primaron los criterios del mérito como actores de los dos afectados y no el absurdo argumento de su filiación política. Pero, recientemente, ha habido otros casos, donde las sectarias decisiones tomadas no se han corregido, por el momento, por parte del partido socialista, que con el peregrino argumento de no «manipular partidariamente», la figura del Rey de España o de la Princesa de Asturias, les han negado dichos honores en el Ayuntamiento de Pamplona o en el de Palma de Mallorca, respectivamente.

Muchos hechos similares, tengo en mi recuerdo, cuando con argumentos espurios se han retirado nombres de ilustres escritores, científicos, hombres de acción, navegantes o aviadores, cuyo principal mérito fue el de aportar a la sociedad avances en la descripción de personajes literarios que enriquecen nuestro conocimiento de la conducta humana, o en el análisis de la naturaleza y sus paisajes que pueden aportar un valor a la tecnología y mejora de la riqueza económica. Ese fue su principal mérito, independientemente de su adscripción política en una época determinada. Fueron estos los casos de Pío Baroja, José María Pemán, Ramiro de Maeztu, entre otros, víctimas del 'memorialismo o revisionismo histórico' empleado de forma machacona por la izquierda de nuestro país que es capaz de justificar golpes de Estado contra el poder legítimo, si vienen de sectores con los que simpatizan, y, por el contrario, sentir aberración por los que provienen del lado contrario a su ideología. Deberían aprender estos «pseudo analistas de la historia» del criterio que han mostrado en los últimos días personas reflexivas y con experiencia 'académica, cultural y social' (perdón por la reiteración) como son Alfonso Guerra, José Manuel Romay, Rodolfo Martín Villa y Ramón Tamames, al hablar de nuestra democracia parlamentaria. Similar opinión expresó recientemente Miguel Roca Junyent, representante de la llamada, en tiempos, «minoría catalana».

Esperemos que cunda el ejemplo sin tener que lamentar nuevos atropellos a la historia de todos los españoles.

• Luis Javier Montoto de Simón es médico y escritor