Balance de la política exterior

Este artículo carece de sistemática, como nuestra política exterior careció de consistencia en 2024, con el marcador a cero de visitas de Estado a España. La embajadora de EEUU, Julissa Reynosso, parece que se cansó y cesó inopinadamente dejando la más importante embajada bilateral en Madrid a nivel de encargado de negocios. Y el gobierno «desconoció» la visita privada del presidente argentino Milei.

Pero sí hubo en el exterior hechos preocupantes como las reuniones mantenidas en Waterloo y Ginebra, con negociaciones partidarias con Junts, para acuerdos sobre la amnistía y el «concierto» catalán. Acuerdos para los que se designó un verificador salvadoreño, Francisco Galindo, ahora «desaparecido». Una verdadera ignominia por negociar con un prófugo y a espaldas del Parlamento. Otras reuniones exteriores fueron las mantenidas en Bruselas para la renovación del Consejo del Poder Judicial, bajo la presidencia del comisario de Justicia, Didier Reinders, y con cabezas visibles de González Pons y Bolaños. Cabe pensar que el comisario belga se llevó la impresión de que a los españoles no se nos puede dejar solos.

Por si esto fuera poco, el ministro de Asuntos Exteriores anunció como objetivo preferente de la política exterior de España la inclusión del catalán entre las lenguas oficiales de la UE. Como no salió en 2024, imagino que seguirá insistiendo para tratar la mamarrachada de que la UE acepte 4 idiomas oficiales españoles, como ya se ha hecho en la práctica en el Parlamento español (Congreso y Senado).

Sánchez continuó con su ímpetu viajero (siempre acompañado por delegaciones muy numerosas y con muchos periodistas afines) multiplicando los desplazamientos a la UE, Cumbres varias (G20 entre otras), China, e India, «opacando» la labor del ministro Albares. Esta afición viajera es compartida por otros miembros del gobierno (casi siempre en avión oficial), diputados y senadores, y hasta por la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. En el día de la dana en Valencia, Sánchez se encontraba en la India, la ministra Ribera en Bruselas, el secretario de Estado en Colombia y la directora general de Protección Civil y Emergencias en Brasil. Muchos viajes para pocos resultados. La gira que hizo el jefe de gobierno por Europa para tratar de convencer a un número suficiente de países para el reconocimiento del Estado palestino se saldó sólo con el magro apoyo de Holanda y Noruega. La jugada tuvo pues poco recorrido, e indudablemente tendrá desagradables efectos en las relaciones con Israel.

En el ámbito europeo, el gobierno consiguió sacar adelante el nombramiento de la ministra Ribera como vicepresidenta (ejecutiva) para la transición limpia, justa, y competitiva. Lástima que su nombramiento quedase «embarrado» por la riada en Valencia y las responsabilidades derivadas de los proyectos olvidados de contención del barranco del Poyo, que afectan al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Incidentes chuscos hubo varios, como la negativa de la presidenta mexicana Sheinbaum a invitar al Rey a su toma de posesión, o la retirada de nuestra embajadora en Argentina como consecuencia de unas declaraciones del presidente Milei que calificó de «corrupta» a la mujer de Sánchez. La retirada «definitiva» se saldó, a fin de año, con el nombramiento de un nuevo embajador, Joaquín Arístegui. En diciembre, la silla vacía de España en la reinauguración de Notre Dame fue una afrenta a Francia en toda regla.

Tras la carta del presidente del gobierno en la que se reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental, continuaron, sin embargo, cerradas las aduanas de Ceuta y Melilla, y la llegada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos. España carece de una política migratoria definida, se mima, acoge y documenta a los inmigrantes ilegales, lo que produce el «efecto llamada» cuya solución no es repartirlos en la península. El caudal, de continuar esta «no política», será cada vez mayor, con consecuencias graves en Canarias y otros lugares

Con la llegada de Trump al poder (que exigirá a España mayores gastos en defensa), la dimisión de Trudeau, y a punto de dejarlo el canciller alemán Olaf Scholz (y quizás Lula) le quedan al presidente de gobierno español pocas instancias a las que pueda recurrir para pedir apoyos. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela han quitado la careta al gobierno, porque la victoria de Edmundo González fue nítida y el ocultamiento de las actas de las elecciones por el régimen de Maduro demasiado evidente. En Iberoamérica España no está jugando la carta de la democracia y la libertad. Además, fue bochornosa la entrada en la Embajada en Caracas de dos ministros de la dictadura para obligar a Urrutia a firmar un escrito a cambio de su salida del país.

Otro aspecto inconfesable de la política exterior es la nacionalización masiva de hispanoamericanos en virtud de la ley de la Memoria Democrática, procedimiento con el que se busca un granero de votos para elecciones futuras. Y es también misterioso que el caso Koldo/Ábalos/Aldama haya empezado a destapar una red de corrupción exterior que se extiende previsiblemente a Venezuela, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Georgia y Marruecos.

España carece de antenas mediáticas potentes en Iberoamérica y las informaciones que nos llegan del otro lado del Atlántico son casi inexistentes (por ejemplo, si se las compara con las que suministra la CGTN china). Zapatero revolotea también por aquí y por allá (en la América española y en China, especialmente), siempre en apoyo del Grupo de Puebla, pero tuvo que esconderse para no decir nada tras las elecciones venezolanas .

En conjunto, una política exterior española en 2024 que ha venido marcada por nuestra falta de peso (muy notable en la UE), y la humillación constante ante el separatismo, apoyando, en definitiva, la peligrosa España “plurinacional“.

• Gonzalo Ortiz es embajador de España