El Gobierno contra la democracia

El pasado mes de julio escribí para este medio de comunicación una tribuna en la que denunciaba la Ley de amnistía, una Ley profundamente inconstitucional y corrupta, como ha corroborado el propio Tribunal Supremo en las resoluciones donde rechazaba amnistiar la malversación, y en su recurso ante el Tribunal Constitucional.

En dicha tribuna también avisaba de la cacería política y mediática que se venía contra el Poder Judicial. Y en esta pantalla estamos ahora. En una permanente campaña de acoso y derribo contra los jueces y magistrados que investigan casos de corrupción del entorno del presidente del Gobierno y a todo aquel que vaya contra sus intereses políticos.

Estos mensajes gubernamentales son de extrema gravedad e inaceptables en un Estado democrático y de derecho. Pero es otra más dentro del proceso lento, pero cada vez más acelerado que vivimos de liquidación del orden constitucional.

Parece obvio decirlo, pero en una democracia constitucional nadie está por encima de la Ley, por muy presidente del gobierno que seas, por mucho que seas la mujer del presidente, o por mucho que seas el hermano del presidente, o político que seas. Como tampoco la democracia está por encima de la Ley, sino que es justamente lo contrario, la democracia, el orden político y la paz social se sustentan en el respeto a la ley, al Estado de derecho, y lo que ello significa, como es, entre otros, la independencia judicial y el respeto a la separación de poderes. Como muy bien recordaba en un coloquio el ex fiscal general del Estado, Javier Zaragoza: «La esencia del principio democrático no consiste en que la voluntad popular prime sobre la Ley. En absoluto. La ley es la expresión democrática de la voluntad popular y es la que rige la convivencia y la que establece las normas básicas de la convivencia entre ciudadanos».

¿De verdad que alguien puede creer que el Tribunal Supremo, una juez de instrucción de Badajoz, la Audiencia Provincial de Badajoz, un magistrado instructor de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y la Audiencia Nacional han montado un complot contra el presidente Sánchez, su entorno familiar y el gobierno de la nación? Lo que sí está claro es que todos ellos hacen lo que tienen que hacer que es instruir e investigar casos que pueden ser constitutivos de delitos con estricto cumplimento de la Ley.

La sociedad española no puede aceptar de ninguna manera que desde el Gobierno de España se esté señalando al Poder Judicial por hacer su trabajo, ni puede aceptar que se deslegitimen las actuaciones judiciales porque son desfavorables, ni puede aceptar la teoría de lawfare, ahora abrazada por los miembros del Ejecutivo. En definitiva, no podemos aceptar un golpe contra el Poder Judicial por parte del Poder Político, pues eso sería, en definitiva, acabar con la democracia constitucional.

El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 46 años, hay que preservarla. Quizás debiera reformarse, para mejorarla, pero lo que no se puede hacer es ni falsearla ni manipularla para destruirla, sino respetarla y aplicarla, pues, como con tanto acierto dijo el Rey en su mensaje navideño de 2023: «Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertad, sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad».

Los jueces y magistrados han prometido o jurado guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, e impartir recta e imparcial Justicia frente a todos, y eso es lo que van a seguir haciendo, moleste a quien moleste.

No quiero terminar estas líneas sin agradecer el inmenso trabajo que hacen cada día los jueces y magistrados de este país, por ser contrapoder del Poder; por no someterse a las presiones políticas, por defender nuestro Estado de derecho y por ser hoy en día en España el único dique de contención que sostiene nuestra democracia.

• Pedro Pineda Celis es graduado en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide