Sobre la persecución a los médicos antiabortistas: «Hemos convertido en delito intentar salvar vidas»

El derecho a la objeción de conciencia de los médicos se ha revelado este mes como un nuevo campo de batalla entre los partidarios del aborto y la eutanasia y los defensores de la vida. Las voces levantadas van desde las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero –quien defendía que la objeción de conciencia «no puede ser un obstáculo» para abortar–, hasta el propio Papa Francisco, que esta semana insistía en que objetar es un derecho «innegociable»; pasando por colectivos sanitarios como el Colegio de Médicos de Madrid.

Desde el punto de vista de los expertos, como la directora del Instituto de Estudios de la Familia CEU, Carmen Fernández de la Cigoña, la presión ejercida sobre los médicos supone «una actitud de persecución tremenda». En una entrevista concedida a la Asociación Católica de Propagandistas, Fernández de la Cigoña criticaba que cuestionar la objeción de conciencia implica reconocer «que solo hay derechos para algunos, porque los derechos de otros pueden ser perfectamente anulados, cercenados».

La amenaza sobre la objeción de conciencia se da en el contexto de la reforma de la ley del aborto que plantean los grupos de izquierdas, liderada por Unidas Podemos y PSOE. El nuevo texto incluiría un polémico registro de sanitarios objetores al aborto. Fernández de la Cigoña trae a colación la penalización de los grupos de oración frente a clínicas abortistas e insiste: «Vivimos el mundo al revés, hemos convertido en delito intentar salvar vidas humanas».

Una problemática global

Como revela la preocupación del pontífice, que ha salido en defensa de la vida al menos tres veces durante este último mes, el debate sobre la objeción de conciencia no se limita a España. Hace unas semanas, por ejemplo, la Corte Suprema de México reconocía que este derecho es constitucional, pero indicaba que no debe obstaculizar el acceso al aborto. «Con estos temas nos volvemos conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, también en la manipulación, el deterioro y el acoso», apunta Fernández de la Cigoña.

La directora del Instituto de Estudios de la Familia del CEU cita en esta línea la aprobación en el Parlamento Europeo del conocido como informe Mátic, una declaración que eleva el aborto al rango de derecho fundamental y que propone también abordar la objeción de conciencia como «una denegación de la atención médica». En Europa, son ya tres los países que no permiten a los sanitarios objetar en casos de aborto: Finlandia, Lituania y Suecia.

Con todo, Fernández de la Cigoña pide no perder la esperanza, y cita casos como la nueva ley en Texas que prohíbe los abortos a partir de que se escucha el latido del bebé o –en Europa– las políticas llevadas a cabo por «las pobres proscritas Hungría y Polonia».