Cáritas pide al Gobierno de Sánchez que se respeten los derechos laborales de las empleadas domésticas

Las empleadas del hogar siguen en el furgón de cola en lo que a protección social y reconocimiento profesional se refiere. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), de la que se ha hecho eco Cáritas, alrededor del 30 por ciento no tienen contrato. Estas bajas cifras de afiliación –unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y la mayoría de origen extranjero– hace que se encuentren «en una situación de especial vulnerabilidad», señalan desde la institución de la Iglesia .

Hace poco menos de un mes el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) además ha dictaminado que España discrimina a las trabajadoras del hogar al negarles la prestación por desempleo. A este respecto se ha pronunciado Beatriz Iraeta, del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española. «Su labor de cuidado es esencial para el funcionamiento de la sociedad, pero sus derechos laborales se encuentran gravemente desprotegidos».

En este contexto, Cáritas hace un reclamo para aumentar los niveles de protección de estas trabajadoras, exigiendo al Gobierno de Sánchez que la prestación por desempleo se aplique a las empleadas de hogar en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. En línea con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), también solicita más oportunidades de empleo, un reconocimiento de la relación laboral a través de contratos dignos, e igualdad en el trato: salarios, horas, vacaciones.

2022: un año de cambios y mejoras

«El Gobierno ha planteado un compromiso de dotarlas de la prestación por desempleo, así como equiparar otros derechos y condiciones para el 2022. Esto unido a una campaña de inspección de trabajo contra los salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a empleadas de hogar, hace pensar que el 2022 pueda ser un año de cambios y mejoras para el sector», apunta Iraeta.

Cuestiones como la falta de tiempo libre, los problemas de conciliación familiar y personal, así como la temporalidad e irregularidad salarial son elementos que hacen que este sector –en el que trabajan más de 518.800 personas en nuestro país (sólo 378.805 afiliadas a la Seguridad Social)–, se encuentre en los más precarios de nuestro país.

Esta pérdida de derechos, tal y como señala Cáritas, «provoca, además, indefensión en la mujer que, a menudo, no es consciente de sufrir explotación; normalizándola y pensando que es un paso necesario para conseguir un trabajo mejor». Este caso es especialmente frecuente entre mujeres migrantes. «Al estar fuera de su país de origen, asumen que deben `aguantar´ todo. Muchas de ellas, incluso, son conscientes de sufrir vulneraciones, pero no lo denuncian por miedo a perder el trabajo, por creer que no sirven para nada o por no sentirse legitimadas de hacerlo», apunta desde la institución de la Iglesia encargada de atender con sus diversos programas de formación y trabajo asistencial a millones de personas en España cada año.

«Gracias a Cáritas»

Uno de los programas más destacados dentro de Cáritas está en la diócesis de Coria-Cáceres. Desde Proyecto Pinzas tratan de acompañar a las empleadas del hogar y sus familias, asegurándose de que se cumplen los derechos de las trabajadoras y las necesidades de las personas que las emplean. «Me han ayudado a volver a creer en mí y sobre todo a saber que no estoy sola. Tenía un Dios que siempre ponía ángeles en mi camino, eso ha sido el personal de Cáritas para mí: ángeles. Hoy por hoy cuento con un trabajo en el que me siento muy a gusto, puedo aportar en mi hogar y más en estos momentos tan difíciles para muchas familias. Este trabajo lo encontré gracias a Cáritas, ellos se preocuparon porque dicho empleo cumpliera con las condiciones legales y salariales adecuadas para mí», comenta Yolanda, una participante de este proyecto.

Durante el proceso de acompañamiento, señalan desde Cáritas, se lleva a cabo un diagnóstico socio-laboral de la mujer a partir del cual se plantea el itinerario de búsqueda de empleo. Posteriormente, la persona recibe formación para mejorar sus competencias y, a la par, poder crear vínculos con otras personas que trabajan en el sector. El último paso es la mediación laboral. En esta etapa se selecciona a la persona trabajadora adecuada, y se da respuesta a la necesidad que plantea la persona empleadora. «Cuando la inserción se ha realizado -explica Iraeta-, es fundamental el acompañamiento tanto a la empleada como al empleador para evitar situaciones de abusos laborales y conductas indeseables».