Ángel Gabilondo, sobre la comisión de abusos: «No es una revancha, sino estudiar lo ocurrido con rigor y profundidad»

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido, a petición propia, este lunes ante la comisión mixta (Congreso-Senado) para presentar la estrategia diseñada para investigar las denuncias de abusos sexuales cometidas en el seno de la Iglesia.

Hace tres meses el propio Congreso le encargó crear una comisión independiente para investigar los casos de abusos y el papel de los poderes públicos, a lo que ahora Gabilondo ha pedido dar cuentas del trabajo realizado hasta la fecha. «Los abusos se dan en otros contextos, pero es la iglesia uno especialmente significativo, entre otras razones, por el sentido y carácter de la institución», ha afirmado el Defensor del Pueblo.

Los objetivos de la encomienda del Parlamento para elaborar el informe sobre los casos de abusos en el seno de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos que ha detallado Ángel Gabilondo serán: contribuir a determinar de estos hechos y sus responsabilidades, reparación de las víctimas, también por parte de la institución donde han sucedido y sus representantes; y planificar políticas públicas orientadas a la prevención y atención a los casos de abusos sobre casos y adolescentes.

Tres ámbitos de actuación

Y la manera de llegar a su consecución será mediante tres ámbitos de actuación. En primer lugar, la creación de una comisión asesora de expertos, que será «independiente, abierta y plural», según ha apuntado Gabilondo. No se tratará de un «tribunal» y habrá de dar cuentas de «todas las realidades de la sociedad a fin de que no sea sesgado ideológicamente ni en ningún otro sentido», ha detallado el Defensor.

En más de 30 reuniones se ha elaborado la lista de miembros de dicha comisión, de la que la Iglesia católica finalmente no formará parte, después de que Ángel Gabilondo haya conversado en varias ocasiones con Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, y su presidente, el cardenal Juan José Omella. Sin embargo, los obispos han apuntado que no dejarían de colaborar, siempre dentro de la ley. Por su parte, la Conferencia de Religiosos, a través de su presidente Jesús Díaz Sariego, también ha mostrado su intención de colaborar, sobre lo que el Defensor ha detallado que «queda por ver en qué términos se da esta colaboración».

La elección de los miembros se ha realizado después de múltiples reuniones con expertos, asociaciones de víctimas, miembros de la propia Iglesia, instituciones del Estado y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, para la elaboración del informe encargado al Defensor del Pueblo, se creará un foro de diálogo con las asociaciones de víctimas, que «se concibe como un espacio en que los representantes de las asociaciones compartan sus experiencias y posiciones», ha detallado Gabilondo. Estos representantes podrán también participar activamente en distintas jornadas de trabajo a los que serán invitados.

El último de los caminos para elaborar el informe será a través de una unidad técnica, coordinada con la comisión asesora, formada por profesionales de la criminología, la psicología y el derecho, que atenderá y escuchará a las víctimas y realizarán estudios que permitan conocer el alcance de la realidad de los abusos en la Iglesia española. Los miembros serán contratados específicamente para esta labor, pero no se tratará de una unidad de terapia para las víctimas, sino de recogida de datos. «No se trata de revictimizar a las víctimas, sino de que sus testimonios sean una fuente de información para las conclusiones del equipo», ha detallado Gabilondo.

«Cada uno hará su camino»

Por otro lado, otros asuntos que ha apuntado Gabilondo en la sesión han sido la financiación de la elaboración del informe, cuya cantidad no se ha establecido, aunque sí que se sacará del presupuesto propio del Defensor del Pueblo, llevando los gastos de manera aislada y pidiendo remanentes del presupuesto no utilizado de ejercicios anteriores en poder de las Cortes Generales.

Antes de las intervenciones de los grupos parlamentarios, Ángel Gabilondo ha terminado su turno de palabra haciendo hincapié en que la elaboración de este informe supondrá una «propuesta realista para evitar que vuelva a ocurrir algo así. No se trata de llevar a cabo revanchas, vamos a estudiar con rigor y profesionalidad lo sucedido, con un profundo respeto a las víctimas», ha afirmado.

Los distintos grupos parlamentarios presentes en la sesión han querido ahondar en algunas cuestiones como los plazos de la investigación, los presupuestos, los protocolos, la participación y colaboración de la Iglesia; tras las que el Defensor del Pueblo ha vuelto a retomar su intervención. «Desde el respeto a la Iglesia, creo que puede pedírsele una ejemplaridad extraordinaria en el cuidado de las conciencias», ha afirmado, para pasar a detallar que no se trata de «un afán persecutorio», sino que por esa misma ejemplaridad es la que motiva que esta investigación se lleve a cabo. «No demos por supuesto que la Iglesia no va a colaborar», ha pedido el Defensor, quien quiere pensar que la Iglesia, aunque institucionalmente no participará, sí que colaborará.

Sobre el tiempo que durará la investigación, el Defensor del Pueblo no se ha atrevido a dar unas fechas concretas, aunque sí ha detallado que los contratos de todos las personas parte de la unidad técnica y la comisión asesora son de un año prorrogable y que la comisión arrancará sus trabajos a principios de julio, aunque tampoco ha concretado más la fecha. Y respecto a la investigación independiente que lleva a cabo la Iglesia española, mediante el informe encargado al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, ha apuntado que «cada uno hará su camino» aunque «no está mal que una institución pública se ocupe de estos asuntos».