La India aprueba una ley anti–conversión con penas de 10 años de cárcel «para aterrorizar a los cristianos»

El estado de Karnataka, al suroeste de la India, ha aprobado la ley anti-conversión más restrictiva del país, según informa Ayuda a la Iglesia Necesitada. La cámara alta del estado, el Consejo Legislativo estatal, ha aprobado el proyecto de ley, que permitirá que casi cualquier persona pueda denunciar una supuesta conversión forzada, invierta las pruebas y exija que nadie presente objeciones a una conversión que se considere lícita.

Para aterrorizar a los cristianos

El contenido de la Ley de Protección del Derecho a la Libertad de Religión «es amargo, brutal y corrosivo en su naturaleza», afirma en un comunicado la archidiócesis de Bangalore. Se anuncia además que los obispos del estado, «todos los líderes cristianos y otros que defienden el tejido secular de nuestra sociedad democrática» se preparan para combatir la ley en los tribunales. De hecho, ya han presentado su objeción ante la Corte Suprema», por lo que evitaron un pronunciamiento público más detallado.

Se trata de una norma de efecto «retroactivo», con «cláusulas draconianas para aterrorizar a los cristianos», ha denunciado Sajan K. George, presidente del Consejo Global de Cristianos de la India, que explica que se podrá presentar una denuncia por supuesta conversión forzada tanto el propio converso como por «sus padres, hermanos o cualquier otra persona relacionada con él por sangre, matrimonio o adopción», o alguien «asociado de cualquier forma o un colega».

El texto «deja espacio» para que cualquier persona a quien le moleste la conversión «acose sin razón» a quien considere culpable de la misma. Ante la denuncia, el acusado tendrá que demostrar que la conversión no se ha logrado por medio de «la tergiversación, la fuerza, una influencia indebida, la coacción, la seducción» (por ejemplo mediante la promesa de bienes materiales), cualquier otra forma fraudulenta o mediante el matrimonio.

Si resulta condenado, se le castigará con entre tres y cinco años de prisión. A esto se le podrá añadir una multa de entre 25.000 y 100.000 rupias (313-1.300 euros). Si el converso es menor o mujer, tiene discapacidad intelectual o pertenece a una casta o tribu protegida, la sentencia puede llegar hasta a diez años de cárcel, añadía George.

A través de un formulario

Esta cuestión es particularmente relevante porque en la India el cristianismo, minoritario en toda la sociedad (en Karnataka no llega al 2 %), tiene más peso entre las castas bajas y los intocables, y entre las poblaciones indígenas marginadas. El Evangelio resulta atractivo para aquellos a quienes de forma generalizada se considera ciudadanos de tercera, y la Iglesia hace una importante labor de promoción social y defensa de sus derechos. Algo que los nacionalistas hindúes presentan como conseguir conversiones a cambio de ayuda.

La conversión solo podrá ocurrir si absolutamente nadie se opone a ella

Por el contrario, el proceso para que una conversión sea reconocida legalmente y los implicados no sufran consecuencias penales resulta muy complejo. «Quien desea convertirse y el clérigo» que vaya a admitirle en su nueva religión «deberán presentar un formulario especial ante un magistrado de distrito para avisar con 30 días de antelación», explica George. En ella, tendrá que explicitar las razones que le llevan a tomar esa decisión.

La información se colgará en un tablón para permitir que se presenten objeciones y alegaciones. Esto implica que la conversión solo podrá ocurrir si absolutamente nadie se opone a ella. Incluso en ese caso, «el converso tiene que rellenar un nuevo formulario y comparecer antes de 21 días ante el magistrado para establecer su identidad y confirmar su declaración», declara Sajan K. George.

Peter Machado, arzobispo de Bangalore, ya manifestó el pasado mes de mayo que «la comunidad cristiana se siente traicionada cuando no se toma nota de sus sentimientos; que no se tienen en cuenta sus desinteresados servicios en el campo de la educación, la sanidad y otros ámbitos sociales para el bienestar de todas las comunidades» y que tratará de defender la dignidad de los cristianos en los mismos tribunales.