El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico con Ortega, es acusado de conspiración

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, informó este martes el Poder Judicial.

«Este martes 13 de diciembre del año 2022, en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, se admitió acusación presentada por el Ministerio Público por cumplir los requisitos procesales en contra de Rolando José Álvarez Lagos», indicó la Dirección de Prensa del Complejo Judicial de Managua, a través de una declaración pública.

La fuente precisó que el jerarca católico, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), fue acusado por la Fiscalía de Nicaragua por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

Asimismo, la autoridad judicial, cuyo nombre no fue precisado, le nombró un defensor de oficio al obispo nicaragüense, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023, de acuerdo con la información.

En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos, «quien es prófugo de la justicia» y la autoridad judicial giró oficio a la Interpol para su captura, según el parte judicial.

Primer obispo arrestado y acusado en Nicaragua

Álvarez Lagos, de 56 años, se convierte es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

El jerarca, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».

En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una «dictadura» y una «tiranía perfecta» y de haber utilizado «a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado» a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

El arresto y acusación en contra del obispo nicaragüense, otros siete sacerdotes y otros dos colaboradores es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los jerarcas.

Año convulso para la Iglesia católica

Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

También ha llevado a prisión a siete sacerdotes, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.

La Policía además ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.

Igualmente, prohibió a la arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima, y otras procesiones religiosas.

Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.

La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.