El expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani, en una imagen de archivo
Un juzgado de El Salvador lleva a juicio al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani por la masacre de jesuitas en 1989
La audiencia preliminar, que se extendió por varios días, culminó con la resolución judicial de imputar a los acusados por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha decidido llevar a juicio a 11 acusados por la planificación de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, así como de dos colaboradoras salvadoreñas. Entre los procesados se encuentra el expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994.
La audiencia preliminar, que se extendió por varios días, culminó con la resolución judicial de imputar a los acusados por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento. Según declaró Gabriel Solórzano, abogado defensor de tres militares retirados involucrados en el caso, el juez también ordenó la detención de cinco imputados que no se presentaron a la audiencia. Entre estos se encuentran Cristiani, el exdiputado Rodolfo Parker y tres militares retirados: Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda.
Por otro lado, los cinco procesados que asistieron a la audiencia permanecerán en libertad condicional mientras avanza el proceso. Solórzano expresó su desacuerdo con la decisión del juez, argumentando que no se cumplían las condiciones técnicas ni procesales necesarias para proceder a una etapa de sentencia.
Los militares que comparecieron son Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante una ofensiva guerrillera en plena guerra civil salvadoreña (1980-1992). Un comando de élite del Ejército salvadoreño irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó brutalmente a los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, junto al salvadoreño Joaquín López. También murieron Elba Ramos, trabajadora de la UCA, y su hija Celina Ramos, de 16 años.
Este crimen, que conmocionó a la comunidad internacional, sigue siendo un símbolo de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil salvadoreña, que dejó un saldo de 75.000 muertos y entre 8.000 y 10.000 desaparecidos.
Por esta masacre, el único condenado en El Salvador ha sido el coronel Guillermo Benavides, quien cumple una pena de 30 años de prisión. En 2020, la Audiencia Nacional de España también condenó al exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Montano, a 133 años y cuatro meses de cárcel, sentencia que actualmente cumple en territorio español. La reapertura de este caso fue posible gracias a la anulación de la Ley de Amnistía de 1993, dictada por la Corte Suprema en 2016.
Conocidos como los «Mártires de la UCA», las víctimas dedicaron sus vidas a la defensa de los derechos humanos y a la lucha por los sectores más desfavorecidos en un contexto de represión y violencia extrema. Su legado sigue vivo como un recordatorio de las atrocidades cometidas durante el conflicto y la búsqueda de justicia que aún persiste.