Una ley que mata, miente y coacciona

Siempre me ha sorprendido, quizá más en los últimos tiempos, cómo el hombre es capaz de poner su fe en asuntos, personas o ideologías que son más que discutibles y como es capaz de tragar con argumentaciones o imposiciones que en otros tiempos habrían sido inaceptables.

Algo así pasa con la ley en el imaginario colectivo (salvo que sea una ley que no gusta a la izquierda). Por que no sé por arte de qué magia, o manipulación, una buena parte de la sociedad ha asumido que lo que dice o manda la ley es bueno, y lo que prohíbe es malo. En ocasiones puede que sea así y en otras no, porque en este sistema nuestro, en el que la ley responde a la voluntad del legislador y al número de votos para aprobarla, simplemente lo que manda o permite la ley es legal y lo que prohíbe es ilegal. Y hay veces que lo legal es todo lo contrario de lo bueno.

Eso es lo que ocurre con las últimas leyes que este Ejecutivo va proponiendo y nuestras cámaras aprobando, en todo lo que se refiere a familia y vida. La ley de eutanasia, la ley de educación, la ley de protección del menor….

Una vuelta de tuerca más es la nueva modificación de la ley del aborto que se ha presentado recientemente y que, gracias a Dios, está concitando multitud de críticas desde diversos ámbitos.

Porque no es una buena ley, Es más, es una ley mala, que, si se aprueba, supondrá otro paso atrás en la defensa de vida, la dignidad y la libertad de las personas.

Es una ley que mata, miente y coacciona. Ya sé que la ley no puede matar, que son las personas las que lo hacen, pero esta ley lo permite y, en cierto sentido, pretende convertirlo en bueno socialmente. Porque lo que no dice el texto de la ley, es que el primer efecto y el primer motivo por el que es una ley mala, es por que permite matar al niño que no ha nacido. Ese niño que es como si despareciera, como si no contara para nada, ni para nadie, cuando lo primero que habría que contemplar es su vida. La primera consecuencia de cada aborto provocado es la muerte buscada de ese niño.

Pero además la ley miente. Porque pretende afirmar que la preocupación que tienen el Ministerio de Igualdad, o los poderes públicos, por las niñas menores de edad que se quedan embarazadas, es mucho mayor que la que puedan tener sus padres, que son las que las quieren. Desde luego, las quieren mucho más de los que las puede querer el legislativo, o el ejecutivo. Solo así se podría entender que esas niñas, que necesitan el permiso de sus padres para realizar multitud de actividades, salir de excursión con el colegio, o someterse a cualquier intervención quirúrgica, puedan abortar, con todas las consecuencias que ello tiene, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres.

Miente también cuando parece que quiere trasladar a ese imaginario colectivo que es una decisión sin ningún tipo de consecuencias. Por eso elimina el plazo de reflexión. Y la información que debe dar sobre lo que supone el aborto. Porque debe ser un acto que no se debe pensar. Y no solo eso, sino que pretende que todos los abortos se tramiten por un procedimiento de urgencia, para que no quepa la posibilidad de que ninguna mujer se lo piense y decida optar por la maternidad. No hay libertad sin conocimiento y la ley elimina esa posibilidad.

Y es una ley que coacciona. A muchas personas. No solo en cuanto a la pretensión, totalitaria, de elaborar un listado de objetores entre los médicos que no quieran realizar abortos. No solo porque no contempla los derechos y la objeción del resto del personal sanitario, si no que coacciona a las mujeres para que no piensen que la vida es la mejor alternativa; coacciona a las personas y a las instituciones que quieren ayudar a esas mujeres, y en definitiva, somete a la sociedad entera, vendiéndole que esto es progreso.

• Carmen Fernández de la Cigoña es directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Doctora en Derecho. Profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la USP-CEU. Esposa y madre de tres hijos