La organización Justicia y Paz condena la política migratoria europea, que «se cobra cada año miles de muertos»

La organización católica Justicia y Paz ha denunciado la cultura de la muerte que hay detrás de la política migratoria europea y española, que cada año se cobra miles de vidas.

Millones de personas desesperadas

A raíz de los fallecidos que ha producido el salto a la valla de Melilla, la entidad de la Iglesia denuncia que no debe calificarse «como un episodio más en la gestión de flujos migratorios, en el que se asume como normal la represión con extrema dureza por parte de fuerzas policiales, en el que se practican devoluciones en caliente y en el que se intenta desviar la atención de la opinión pública poniendo el énfasis en actuaciones de tipo violento que puedan haberse producido por parte de algunos migrantes sin entrar en las causas profundas que provocan la desesperación de millones de personas que no ven otra solución que entrar a Europa para poder tener un futuro digno».

Guerra y hambre

«La guerra, el hambre y las persecuciones», declara Justicia y Paz, son «tres factores que obligan al desplazamiento de millones de personas a otros países más desarrollados y abandonar su origen». Por eso, la organización reclama a la Unión Europea y otros países en tránsito que la firma de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados obliga a los estados miembros a proporcionar protección a aquellas personas «que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de su país».

Trampas mortales

Justicia y Paz reprocha a la Unión Europea la imposición de trampas mortales a las personas que atraviesan las rutas migratorias, que se cobran al año miles de vida, a través de sus controles fronterizos «entre los que se encuentran el refuerzo de las fronteras terrestres y marítimas, los acuerdos de readmisión y la externalización de la gestión de los flujos a países como Marruecos, Libia, Egipto o Turquía, con un más que dudoso historial en materia de protección de derechos humanos», aseguran.

Por último, han hecho alusión a las palabras del Papa Francisco, que en su mensaje con motivo de la 108 Jornada mundial del emigrante y el refugiado de 2022, donde animaba a «la inclusión de las personas más vulnerables en la sociedad como condición necesaria para obtener la plena ciudadanía», por lo que Justicia y Paz condena las prácticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a pedir asilo a todas las personas que reúnen las condiciones para ello.