Las Misioneras de la Caridad tendrán que abandonar Nicaragua

Según el gobierno de Nicaragua, las discípulas de la madre Teresa de Calcuta habrían incumplido distintas obligaciones legales contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, además de no están acreditadas por el Ministerio de la Familia para dirigir sus actividades.

Ante la decisión gubernamental que obliga a las hermanas a abandonar el país, el arzobispo Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo metropolitano de Managua, ha compartido una nota en la que declara:

«Ante la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar la personería jurídica a la fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, quienes brindaban asistencia a los más pobres de nuestra sociedad nicaragüense, lamentamos profundamente el dolor de tantos hermanos nuestros que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas y asimismo les expresamos nuestra gratitud por su invaluable servicio a nuestras iglesias locales, estimadas hermanas cuenten con nuestra cercanía, solidaridad y nuestras humildes oraciones ( ‘Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios’)».

En efecto, el gobierno nicaragüense emitió un decreto por el que se anula la personalidad jurídica de 101 ONG, entre ellas la Asociación de las Misioneras de la Caridad. El parlamento ratificó la norma y las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que se dedican en diversas estructuras para niños, jóvenes y ancianos necesitados e indigentes, tendrán que abandonar el país.

Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Entidades sin ánimo de lucro del Ministerio del Interior, las monjas no han cumplido con ciertas obligaciones legales y están infringiendo la normativa contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El informe también señala que la asociación de las Misioneras de la Caridad no está acreditada por el Ministerio de la Familia para llevar a cabo sus actividades y que no tiene el permiso del Ministerio de Educación para hacerlo en el ámbito educativo.

El Ejecutivo también asegura que las monjas no han informado de las inmovilizaciones ni han dado a conocer sus actividades en la ciudad de Granada y que sus ingresos por donaciones no coinciden con la documentación presentada. Además, la junta directiva de su asociación está compuesta exclusivamente por ciudadanos de otras nacionalidades, mientras que la nueva Ley 1115, que regula las ONG, establece que sólo el 25% puede proceder del extranjero.

Triste decisión

El nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag ya fue expulsado en marzo pasado, Una medida que le pareció «incomprensible» a la Santa Sede, que en un comunicado destacó la «profunda dedicación del nuncio al bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense», en un intento de fomentar «las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las autoridades de Nicaragua».

Por su parte, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, expresó su malestar a través de las redes sociales:

«Me entristece mucho que la dictadura haya obligado a las Hermanas Misioneras de la Caridad de Teresa de Calcuta a abandonar el país», escribió el prelado. Y publicó una foto suya con las hermanas, a la vez que afirmó: «Nada justifica privar a los pobres de los cuidados de la caridad. Son un testimonio del servicio amoroso que las hermanas han prestado. Que Dios las bendiga».

800 organizaciones

Las Misioneras de la Caridad están presentes en el país centroamericano desde 1988, cuando la Madre Teresa de Calcuta lo visitó y se reunió con Daniel Ortega, que ya entonces era presidente. En Granada dirigían un centro de acogida para adolescentes abandonados o maltratados a los que proporcionaban ayuda psicológica y escolarización.

Las religiosas enseñaban música, teatro, costura y distintos oficios. En Managua, además de crear una residencia de ancianos, tenían un proyecto para estudiantes, en su mayoría hijos de trabajadoras de los mercados populares y una guardería que atendía a niños de familias sin recursos recursos, o madres solteras.

En total, han sido más de 800 organizaciones obligadas a cerrar al negárseles la personalidad jurídica en los últimos años. El pasado mes de mayo fue el turno del Instituto Juan XXIII, que ayudó a unas 400.000 personas con sus programas de vivienda, proyectos de ecología y de salud, además de canales de televisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.