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Jeevantha Peiris, durante las protestas en Colombo

Cristianos perseguidos

Más de 1.600 sacerdotes y religiosos condenan en Sri Lanka la represión del Gobierno

Jeevantha Peiris se encuentra en un lugar secreto. Hay una orden de arresto contra él por ser uno de los líderes de las protestas en Colombo que comenzaron el 15 de marzo y acabaron con el exilio del presidente Mahinda Rajapaksa y su familia

A la Iglesia católica en Sri Lanka le preocupa la deuda y escasez de su país, la represión a la población civil y el intento de arresto del sacerdote Jeevantha Peiris. Perteneciente a la diócesis de Ratnapura, actualmente se encuentra en un lugar secreto. Fue uno de los líderes de las protestas en Colombo que comenzaron el 15 de marzo y acabaron con el exilio en barco a las Maldivas del presidente Mahinda Rajapaksa y su familia el 13 julio.

Durante las protestas, algunos manifestantes se enfrentaron con la Policía y allanaron la residencia de Rajapaksa, algo de lo que el Gobierno responsabiliza entre otros a Peiris a pesar de que no estuviera allí. «Tras las protestas, el Gobierno está intentando arrestar a la mayoría de los líderes que estuvieron en primera fila protestando contra el presidente y el Gobierno anterior. Jeevantha Peiris fue unos de esos líderes y ahora el Gobierno lo quiere arrestar», explica a El Debate Shanil Jayawardena, un sacerdote oblato ceilandés afincado en Roma desde hace ocho años.

La persecución a Jeevantha Peiris ha movido a toda la Iglesia del país. Veintitrés congregaciones con más de 1.600 sacerdotes y religiosos han firmado un documento mostrando su preocupación al Gobierno. En él le advierten de que están siguiendo los últimos acontecimientos con mucha atención. La Conferencia Episcopal del país también ha condenado el ataque a civiles y periodistas que tuvo lugar el 22 de julio cuando, según la agencia Asia News, el Ejército desalojó violentamente Gate Zero, una plaza cercana a la Secretaría de la Presidencia que llevaba 100 días ocupada por ceilandeses desafectos con el Gobierno.

El aumento de la tensión ha llevado al Ejecutivo a adaptar formas cada vez más represivas y actualmente cuentan con una Ley de Emergencia que, según el oblato, permite a la Policía arrestar a la gente por motivos mucho menores que los que contempla el ordenamiento jurídico del país. «Con la ayuda de la nueva ley han detenido a personas con excusas muy pobres. Especialmente estos últimos días, lo que quieren es cerrar la boca a los manifestantes porque el Gobierno tiene miedo de que los líderes se pongan de acuerdo», opina Shanil Jayawardena.

Jeevantha PeirisFacebook

No es exclusiva contra los católicos

Los católicos en Sri Lanka gozan de un gran respeto y autoridad, aunque también han sufrido episodios violentos en el pasado. Las diferentes confesiones religiosas cerraron filas en torno a ellos cuando el Domingo de Pascua de 2019 sufrieron uno de los mayores atentados terroristas de la historia, con un ataque a tres templos católicos y cinco hoteles que dejaron un saldo de 269 fallecidos y más de 500 heridos. Un atentado por el que precisamente esta semana el Papa Francisco ha hecho una donación de 100.000 euros al país que el cardenal Malcolm Ranjith, quien visitó Roma el 25 de abril de este año junto con varias víctimas de los atentados, le ha agradecido públicamente.

Los ceilandeses también siguen con atención los mensajes del Papa Francisco, quien habló hace pocas semanas tras el rezo del Ángelus sobre la situación del país. «Me uno al dolor del pueblo de Sri Lanka, que sigue sufriendo los efectos de la inestabilidad política y económica. Junto a los obispos del país, renuevo mi llamamiento a la paz e imploro a quienes tienen la autoridad, que no ignoren el grito de los pobres y las necesidades de la gente», dijo a comienzos de julio.

Pero en cualquier caso, la represión del Gobierno no es exclusiva contra los sacerdotes católicos sino más bien contra cualquier líder social. Por ejemplo, también dos jóvenes monjes budistas han recibido una orden de arresto y ni ellos ni Jeevantha Peiris ni el resto de líderes de las protestas pueden viajar y sus pasaportes han sido cancelados.