La oposición nicaragüense exige la liberación del obispo Álvarez

Al menos 16 organizaciones opositoras de Nicaragua han exigido este jueves la liberación del obispo Rolando Álvarez, crítico con el Gobierno de Daniel Ortega y que permanece en arrestado desde hace tres semanas, sin que hasta ahora se le hayan formulado cargos junto con otros siete sacerdotes.

«Exigimos la liberación inmediata del obispo Álvarez y la de todos los sacerdotes y seminaristas ilegalmente presos», demandaron esas agrupaciones opositoras, entre ellas la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración pública.

Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue secuestrado la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales en el palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.

Hasta ahora ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han presentado públicamente una acusación formal contra Álvarez, próximo a cumplir 56 años y quien es el primer obispo arrestado desde que Ortega retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

Piden que muestre a los presos

En su declaración, los organismos opositores pidieron «que la dictadura muestre y libere inmediatamente al obispo Álvarez, a los sacerdotes y seminaristas presos políticos de este régimen ilegítimo, todos inocentes de los delitos que se les han fabricado».

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también demandó la libertad del obispo Álvarez, de quien dijo, «se desconoce su condición física y psicológica».

El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, dijo el domingo pasado que Álvarez, a quien ha ido a visitar, «está bien de salud».

«He estado platicando con él (...) De salud me dijo que está muy bien. Lo encontré de mejor ánimo. Tuve un buen tiempo platicando con él. Y él nos pide que sigamos orando por él y que ojalá pues, el Espíritu Santo nos ilumine para que pronto solucionemos este conflicto», relató.

Brenes aseguró que Álvarez «está siendo bien cuidado. Su familia va dos veces por día a visitarlo. En la mañana y en la tarde», y que «su prima, que era la que le cuidaba la casa, limpiaba y le cocinaba los días que estaba en Managua, le sigue cocinando», indicó.

Sobre los otros siete sacerdotes que se encuentran en la cárcel policial El Chipote, oficialmente conocida como la Dirección de Auxilio Judicial, el cardenal Brenes dijo que han sido visitados por el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de la diócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, así como por sus familiares.

Tensiones entre el gobierno y la Iglesia

El arresto del obispo Álvarez y los siete sacerdotes es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los jerarcas.

Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

También ha llevado a prisión a siete sacerdotes, cerrado nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.

La Policía además ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.

Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.

La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.