La ONU denuncia la violación de los DD.HH. en Nicaragua y pide la libertad de Rolando Álvarez

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el organismo independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, asegura que el gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles por razones políticas. Lo afirma en un informe publicado este 2 de marzo de 2023, en el que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas.

Los abusos «se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos», expresó el experto independiente Jan Simon.

Según la ONU, «el informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes».

«El informe también señaló que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores».

El informe insta al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad

«La situación empeora»

«Desde diciembre de 2018, prosigue la ONU, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior», señala el informe.

«En febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser ‘traidores a la patria’». «El mismo mes, –añade el documento–, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado».

El informe insta al Gobierno a «liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos, y emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de violaciones, abusos y delitos documentados para responsabilizar a los perpetradores».

También, se exhorta a la comunidad internacional «a iniciar acciones legales contra las personas responsables de las violaciones documentadas y extender las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes de derecho internacional».

Libertad para el obispo Álvarez

Además, en una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hace «un llamado al Estado de Nicaragua para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas Monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce, y a restituir la nacionalidad y demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las más de 300 personas afectadas por las recientes decisiones».

Asimismo, instan a Nicaragua «a derogar toda legislación que impide el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica», finaliza el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.