Persecución religiosa en el siglo XXI: acusar a monjas y misioneros de financiar terrorismo

Aileen Manipol Villarosa, de 41 años, trabaja en una organización de los Misioneros Rurales de Filipinas. Como ella, misioneros, religiosos y laicos viven junto a los campesinos, pescadores y pueblos indígenas. Manipol ha sido la última detenida acusada de financiar terrorismo en el país.

El red tagging –etiquetar a miembros de la Iglesia como comunistas o partidarios de grupos terroristas– es una práctica común de países como Filipinas, pero también en China o en Nicaragua.

La detención de Aileen Manipol no ha sido la primera. Los misioneros rurales ha denunciado en varias ocasiones similares acusaciones. En agosto de 2022, la Justicia filipina inculpó a 16 personas vinculadas a la organización, entre ellas cinco religiosas, por presunta financiación del terrorismo, acusadas de transferir fondos al Nuevo Ejército del Pueblo, el ala militar del Partido Comunista del país. Dos meses después, en noviembre del pasado año, el reverendo protestante Edwin Egar, de la Iglesia Unida en Cristo, y su mujer, fueron igualmente acusados de apoyar el terrorismo, junto con otras 71 personas. Todos niegan los cargos.

El Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas ha denunciado que el red tagging se está produciendo independientemente de las creencias o afiliaciones políticas. Según afirman y reproduce la Agencia Fides «es una incitación a la represión y persecución contra quienes critican al gobierno».

Organizaciones, misioneros y personal eclesiástico han recibido amenazas y detenciones, acusados de encubrir a grupos terroristas locales. Los procesos están contemplados en la Ley Antiterroristas de 2020 y la de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo de 2012, que han agravado la represión. En virtud de esta última norma legal a los misioneros rurales de Filipinas y a la Iglesia unida en Cristo les fueron congelados todos sus bienes en el centro y sur del país en febrero de 2020.

El Consejo de Iglesias señala que el gobierno utiliza el red tagging como parte de una campaña que está intensificando la presencia militar en las zonas rurales y coerce a los ciudadanos. «Quienes defienden la tierra, a menudo propiedad ancestral de los pueblos indígenas, frente al desarrollo de minas y presas se enfrentan a los militares filipinos, que utilizan su poder para proteger los intereses de las empresas multinacionales», denuncian.

Navegando hacia el norte por el mar de China meridional, parada obligatoria en estos asuntos es la isla de Hong Kong. Allí, la República Popular de China aprobó la ley de seguridad nacional el 30 de junio de 2020. Ese mismo día entró en vigor. Bajo sus disposiciones casi cualquier acto puede ser considerado una amenaza para la seguridad nacional y puede ser aplicada a cualquier persona del mundo. Uno de los más sonados juzgados acusado de incumplir esta norma fue el cardenal Joseph Zen, de 90 años, acusado supuestamente de «colaborar con fuerzas extranjeras». El siempre crítico con el régimen chino fue finalmente condenado el pasado noviembre a pagar 4.000 dólares hongkoneses por no registras a tiempo el fondo de ayuda humanitaria 612, que él mismo regentaba y con el que ayudó a manifestantes antigubernamentales en las protestas de 2019.

En Nicaragua, donde el régimen de Ortega y la Iglesia católica viven en tensión desde 2018, las Hermanas de la Caridad fueron expulsadas del país en junio del pasado año. La acusación contra las religiosas fue haber incumplido distintas obligaciones legales contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Junto a ellas, otras 100 organizaciones sin ánimo de lucro por todo el país han sido obligadas a cerrar, como Cáritas o Cruz Roja. En medio de un repunte de la persecución a los cristianos en Nicaragua, el Gobierno ha seguido cerrando organizaciones, medios de comunicación ligados a la Iglesia y deteniendo sacerdotes que todavía no habían huido del país, como el obispo de Managua, Rolando Álvarez, que cumple condena en la cárcel por haberse negado a exiliarse en Estados Unidos.