Gabilondo presenta 188 nuevos casos de abusos un año después de entregar el informe del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado ante las Cortes este martes 15 de octubre el informe sobre abusos en el ámbito de la Iglesia católica. En esta comparecencia, que tiene lugar un año antes de que presentase el documento a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Gabilondo ha informado que en este tiempo han recibido 188 nuevos testimonios de víctimas de abuso sexual. La cifra, que hace un año se cerró en 487, aumenta ahora a 674.

De los datos actualizados por la Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo se desprende que el 83,5 % del total de las víctimas (un total de 564) son hombres y un 16,3 % (110), mujeres. Por edad, la mayoría de las víctimas (264) tenía entre 50 y 65 años en el momento de la entrevista, seguidas por las de 65 a 75 años (180).

En cuanto a la década en que sucedieron los hechos, el 31 % de los casos sucedieron en la década de 1970; un 27,4 %, en la década de 1960 y un 20,1 %, en 1980. Asimismo, un total de 35 casos recogidos por el Defensor del Pueblo sucedieron desde el año 2000, 10 de ellos, en la década de 2010, según la institución.

Gabilondo ha reconocido alguno de los últimos pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan de Reparación Integral para la Víctimas de Abusos (apodado PRIVA). Igualmente, ha destacado que la Iglesia «ha pasado de minimizar» el problema diciendo que son «manzanas podridas» a un «implícito y progresivo reconocimiento de los hechos».

El Defensor del Pueblo ha advertido de que este «grave problema» de los abusos ha sido posible durante décadas por el mantenimiento del «silencio» y ha precisado que ahora se puede decir que «se ha roto el silencio» gracias, sobre todo, al «esfuerzo de tantas víctimas» que han contado sus testimonios. Por último, en cuanto a las recomendaciones, Gabilondo ha destacado, entre otras, la necesidad del «desarrollo legal de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica» o la compensación económica a las víctimas, de la que, según ha indicado, la Iglesia «no ha de mantenerse al margen».