Gabilondo pide que se priorice «la reparación de las víctimas» por encima de ideologías y creencias

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos y ha anunciado que van a publicar una actualización que recoja los nuevos testimonios que les han llegado desde la entrega del texto hace algo más de un año, según recoge Ep. Además, ha pedido al Parlamento «medidas concretas» y ha reclamado que se «anteponga» la reparación de las víctimas a diferencias de creencias o ideologías.

«Se ha de anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias», ha indicado Gabilondo, este jueves, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha pedido que haya «un mecanismo de coordinación» entre las oficinas de protección del menor y prevención de abusos de la Iglesia Católica y las oficinas a víctimas de delitos dependientes del Ministerio de Justicia o de los gobiernos autonómicos para no producir «confusión» en las víctimas. «Considero imprescindible que por el bien de las víctimas adopten compromisos conjuntos en este punto», ha zanjado.

Las víctimas esperan una respuesta

Con este debate en el Pleno del Congreso, culmina el cumplimiento de la encomienda recibida por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2022 –tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) que contó con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara Baja– y transcurrido poco más de un año desde que se entregara dicho informe a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia, Gabilondo ha instado al Legislativo y al Ejecutivo a que implementen cuanto antes las recomendaciones contenidas en el Informe porque las víctimas «esperan» una respuesta «concreta a su situación y que no se postergue».

Según el Defensor, hay que dar una respuesta a una situación «de sufrimiento y de soledad» que «durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo».

«No creo que sea pretencioso decir que con esta comparecencia estamos avanzando un poco más en facilitar una respuesta al problema mediante el informe y con el hecho de presentarlo aquí y ahora en sede parlamentaria. Pero se requiere algo más y es decisivo. Es el momento de adoptar medidas concretas», ha subrayado.

Para la elaboración del informe encargado por el Congreso, la Defensoría encargó una encuesta que dio como resultado que un 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso.

Además, en ese estudio de GAD3, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso.

El informe revelaba que un total de 487 víctimas han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo.

674 casos en total

Si bien, desde que se presentó el informe, han seguido llegando denuncias a la Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo –188 nuevos testimonios considerados válidos en el último año–, por lo que la cifra de víctimas se eleva a 674.

De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%.

Con respecto a la respuesta de la Iglesia católica, Gabilondo ha precisado que ha habido «un tipo de respuesta dispar» y se ha encontrado a «algunas con una buena colaboración y otras con menos». Además, ha dicho que no encontró la misma respuesta antes, durante o después de que la Comisión Asesora del Defensor del Pueblo activara la realización del informe.

«En un primer momento había una tendencia bastante generalizada, sobre todo por parte de ciertos ámbitos de la jerarquía, a minimizar el alcance de los abusos. Se hablaba de casos aislados, una manzana podrida, como solía mencionarse, expresiones en definitiva de las que ustedes han oído hablar. De la minimización por parte de la Iglesia se ha pasado a un implícito y progresivo reconocimiento de los hechos. La Iglesia misma encargó una comisión e hizo protocolos de prevención, por algo habrá sido», ha remarcado.

Así, aunque ha puesto en valor alguno de los últimos pasos dados por la Iglesia católica, como el Plan PRIVA, ha advertido de que «en los procedimientos de derecho canónico se han detectado importantes deficiencias» como que las víctimas «no han sido ni son parte del proceso penal canónico, más allá de su posible participación en la investigación previa, ni su voz tiene el lugar que precisa y merece».

«Esto me parece decisivo, insisto, siguen sin formar parte del proceso penal canónico, no llegando a establecer, la citada instrucción, un estatuto jurídico procesal de las víctimas. Espero que esto se haga. La pura aplicación del derecho canónico, por lo que he señalado, no ha supuesto la superación de la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión», ha enfatizado.

Con respecto a los poderes públicos, el Defensor del Pueblo ha recordado que el informe concluye que «estos poderes públicos a lo largo de décadas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia no se han hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco» y que «sólo la Iglesia lo minimizó, sino que estos poderes públicos no le prestaron una atención especial, sin asumir su específica responsabilidad».

En el ámbito judicial, ha avisado de que «los pocos casos» que han llegado a ser enjuiciados por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, «con sentencias en su mayor parte condenatorias, no siempre han podido garantizar que la víctima haya visto satisfecho su derecho a la reparación, con las cantidades acordadas en las sentencias en conceptos de indemnización».

En el ámbito educativo, Gabilondo ha indicado que «hay que cerciorarse de que la inspección» ejerza una supervisión «para asegurar que los centros docentes, con independencia de su titularidad pública o privada, cumplan con las normas previstas y con los protocolos existentes».

Entre las 24 recomendaciones que propone el informe, Gabilondo ha enfatizado, entre otras, la necesidad del desarrollo legal de una forma de acreditar el estatuto de víctima de esta violencia sexual específica o la compensación económica a las víctimas, de la que, según indicó, la Iglesia «no ha de mantenerse al margen».

«Una compensación que no debe estar sujeta a la mera discrecionalidad, ni sometida a criterios desvinculados de una valoración profesional especializada, ni basada en decisiones de distintas organizaciones o profesionales contratados y que en esa medida general no produzcan desigualdad. Esto no debería llevar a reproducir la opacidad, la arbitrariedad y el silenciamiento. Y en algunos casos claramente lo hay. Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente», ha insistido.