Un manifestante sostiene una cruz en protesta contra la represión a la Iglesia en Nicaragua
Nicaragua disuelve una asociación mariana antes de la solemnidad de la Inmaculada Concepción
Los obispos de América Central habían convocado una jornada regional de oración para el 8 de diciembre bajo el lema «gritamos con Nicaragua»
El Gobierno de Ortega ilegaliza otras 10 asociaciones, incluyendo a la ASICOM, mientras crecen las tensiones con la Iglesia y el Vaticano en medio de denuncias de represión sistemática
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha incrementado la presión sobre organizaciones civiles y religiosas al cancelar este miércoles la personería jurídica de 10 asociaciones sin fines de lucro, entre ellas la Asociación Nuestra Señora Inmaculada Concepción de María (ASICOM). Este movimiento se enmarca en un contexto de creciente antagonismo con la Iglesia católica y organismos internacionales.
La disolución de ASICOM llega poco después de que los obispos de América Central convocaran una jornada regional de oración el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María. Bajo el lema «Gritamos con Nicaragua», la iniciativa busca solidarizarse con los fieles nicaragüenses, quienes enfrentan lo que la Iglesia describe como una «realidad desafiante».
La ASICOM, establecida hace nueve años, fue clausurada por el Ministerio del Interior bajo el argumento de «incumplimiento» de sus obligaciones legales, como no presentar estados financieros entre 2018 y 2023 y mantener una junta directiva caducada desde 2020.
El papa Francisco también expresó su apoyo a los católicos nicaragüenses, señalando en una carta que comparte «sus sufrimientos, incertidumbres y privaciones». Las relaciones entre el Vaticano y el Gobierno de Ortega han estado marcadas por fuertes tensiones, con declaraciones del pontífice denunciando la «dictadura grosera» del mandatario, quien respondió acusando al Vaticano de formar parte de un «conglomerado fascista».
Una ofensiva contra las ONG
La cancelación de estas asociaciones se suma a las más de 5.600 organizaciones no gubernamentales disueltas desde el estallido de protestas populares en abril de 2018. Según datos oficiales, en la mayoría de los casos, los bienes de estas entidades han sido transferidos al Estado, lo que ha generado críticas internacionales por el uso discrecional de los recursos y la represión de la sociedad civil.
El Ministerio del Interior justificó la reciente decisión señalando incumplimientos legales de ocho ONG, mientras que las otras dos habrían solicitado su disolución voluntaria. Sin embargo, la oposición sostiene que estos cierres forman parte de una estrategia de control absoluto del régimen sobre la sociedad civil.
Contexto internacional y denuncias de represión
La crisis sociopolítica de Nicaragua se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega obtuvo un controvertido quinto mandato consecutivo. Su victoria fue precedida por el encarcelamiento de los principales líderes opositores, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad bajo cargos de «traición a la patria».
El endurecimiento del control sobre las ONG y las tensiones con la Iglesia católica han llamado la atención de la comunidad internacional. Organismos como la ONU y la OEA han denunciado la represión sistemática en Nicaragua, describiéndola como un retroceso grave en derechos humanos y libertades fundamentales.
Mientras tanto, la jornada de oración convocada para el 8 de diciembre representa una respuesta simbólica a la crisis, enviando un mensaje de esperanza y unidad frente a la adversidad que enfrenta la población nicaragüense.