Becciu se convierte en el primer cardenal condenado a prisión por un tribunal del Vaticano

La sentencia sin precedentes contra Angelo Becciu dictamina cinco años y seis meses de prisión, inhabilitación permanente para cargos públicos y una multa de 8.000 euros. Este veredicto marca un hito en el Vaticano al ser el primer juicio penal por fraude que condena a un alto miembro eclesiástico.

Becciu, de 75 años, fue uno de los colaboradores más cercanos del Papa Francisco, desempeñando el papel de «sustituto» de 2011 a 2018, siendo el tercero en la estructura vaticana. Tras conocer el fallo, el abogado defensor, Fabio Viglione, afirmó: «Reiteramos la inocencia del cardenal y presentaremos una apelación». Subrayó además: «Aunque respetamos la decisión, apelaremos».

La presentación de la apelación por parte de la defensa del cardenal Becciu conllevará la suspensión de la pena de cárcel. Dentro del Vaticano, existen celdas de detención alojadas en las instalaciones de la Gendarmería Vaticana, responsable de la seguridad en la Ciudad del Vaticano.

Se especula que Francisco podría decidir no aplicar la sentencia por compasión, algo a lo que Becciu podría oponerse

Después del juicio, el Papa ejerce la máxima autoridad en el Vaticano, generando diversas posibilidades. Se especula que Francisco podría decidir no aplicar la sentencia por compasión, aunque Becciu, firme en su proclamación de inocencia, podría oponerse. Los críticos consideran que el Papa posee un poder desmedido, especialmente tras la aprobación de leyes anticorrupción que otorgan más facultades a fiscales (laicos, además) para buscar sanciones financieras y penales. Estos cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso podrían ser utilizados por la defensa, tal como ocurrió durante el juicio.

Por el momento, el presidente del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone, fue el encargado de leer la sentencia. Un proceso que duró 86 audiencias, la primera el 27 de julio de 2021. El cardenal Becciu asimismo fue considerado culpable de desvío de fondos por ordenar, en dos ocasiones, transferir la cifra de 125.000 euros de la Secretaría de Estado a su diócesis natal Ozieri, en Cerdeña, Italia, destinada en realidad a la cooperativa SPES, de la cual su hermano, Antonino Becciu, era presidente.

En ese caso, aunque «el propósito final de las sumas era lícito», el tribunal consideró que se ajustaba a un delito de desvío de fondos. «Esto se debió a la violación del artículo 176 del Código Penal, que sanciona el interés privado en actos oficiales, incluso a través de terceros, en línea con la prohibición del canon 1298 del C.I.C. de alienar bienes eclesiásticos a familiares hasta el cuarto grado», se lee en el documento.

La sentencia se relaciona con el delito de apropiación y uso indebido de 200.500.000 de dólares de los fondos de la Secretaría de Estado, transferidos entre 2013 y 2014 por disposición del entonces Sustituto monseñor Becciu para acciones especulativas en el fondo Athena Capital Commodities, en colaboración con los corredores Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi y Enrico Crasso.

Un juicio mastodóntico: 600 horas de audiencias, 69 testigos, 124.563 páginas de documentos de la fiscalía...

El Tribunal halló a Mincione culpable de lavado de dinero por el uso de la suma en inversiones posteriores. Se excluyó la responsabilidad de Becciu, Crasso y Tirabassi en otros cargos de desvío de fondos debido a la falta de disponibilidad de fondos para la Secretaría de Estado después de suscribir las acciones.

Respecto a la recompra de empresas dueñas del edificio en Sloane Avenue, Gianluigi Torzi y Nicola Squillace fueron encontrados culpables de estafa y Torzi también por extorsión, mientras se absolvía a los acusados por sobrevaloración del precio de venta.

Se declaró a Tirabassi culpable de lavado de dinero por fondos adicionales recibidos de UBS. Respecto a Tommaso Di Ruzza y René Brulhart, el director de la entonces AIF (la agencia antilavado de dinero de la Santa Sede), se les absuelve de abuso de poder, siendo culpables de omisión de denuncia.

Diversas penas

El cardenal Becciu y Cecilia Marogna fueron hallados culpables de un delito relacionado con la transferencia de fondos de 575.000 euros a Marogna, para un fin no verídico, es decir por el supuesto intento de liberación de una monja colombiana secuestrada en Malí, gestionado a través de la presunta «agente de inteligencia Marogna», a quien también se acusa de haber gastado los fondos a su disposición para comprar objetos de lujo y viajes de placer. Marogna también fue condenada a 3 años y 9 meses.

Las penas varían: multas para Brulhart y Di Ruzza, prisión para Crasso, Mincione, Becciu, Tirabassi, Squillace, Torzi y Marogna, con sanciones que incluyen multas, inhabilitación y supervisión especial. Casi todos los condenados tienen prohibido ocupar cargos públicos de porvida, excepto Marogna (con una prohibición temporal), Brulhart y Di Ruzza, para quienes no hubo ninguna prohibición.

Se ordena además la confiscación de más de 166 millones de euros y el pago conjunto de más de 200 más en daños a las partes civiles.

Después de más de 29 meses desde el inicio del proceso y una sesión de más de cuatro horas, el presidente del Tribunal, Giuseppe Pignatone, leyó la sentencia que duró 23 minutos. Agradeció a todos los involucrados en el proceso y destacó la importancia del debate entre las partes para buscar la verdad procesal, asegurando un espacio equitativo para las defensas. Pignatone subrayó la relevancia de adoptar prácticas que aseguren la efectividad del debate dentro de los límites legales y destacó el reconocimiento de muchos defensores sobre la sensibilidad y compromiso del Tribunal en este caso crucial.

El primer capítulo de este histórico juicio en el Vaticano culmina marcado también por cifras notables: 600 horas de audiencias, 69 testigos, 124.563 páginas de documentos de la fiscalía y 2.479.062 archivos, además de 20.150 páginas de la defensa y 48.731 de las partes civiles.