Termina el juicio en Londres por una compraventa opaca por personal del Vaticano que acabó en extorsión

Ha terminado en Londres el juicio por la compraventa irregular de un inmueble en la avenida Sloane, en la que ha tenido que testificar el Vaticano, representado por Edgar Peña Parra, número tres de la Secretaría de Estado. Este proceso ha llegado a las salas del Reino Unido después de que Rafaelle Mincione interpusiera en 2020 una demanda civil contra la Santa Sede por la opaca operación del edificio, que acabó generando un agujero en las cuentas del Estado pontificio de 200 millones de euros.

Mincione fue uno de los condenados en primera instancia en el caso Becciu –el primero juzgado en el Vaticano en el que un cardenal de la Iglesia católica ha sido condenado a prisión por fraude y malversación–. Dado que los otros implicados en la compraventa que terminó en extorsión fueron condenados por la Justicia de la Santa Sede, lo que hace imposible que testificasen en este otro proceso judicial. El único que ha acudido a testificar ha sido Edgar Peña Parra, sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Durante su testimonio jurado, el arzobispo venezolano admitió la emisión de una factura falsa de 10 y 5 millones de euros en beneficio de Gianluigi Torzi en un banco suizo. «Era falsa, pero insisto, en el objeto de la transacción, en poner finiquito final, pleno y definitivo a todas nuestras obligaciones contractuales», explico en su comparecencia Peña Parra. Estos 15 millones se le pagaron en concepto de actividades profesionales, pero en realidad eran para asegurar la venta de las 1.000 acciones con derecho a voto que daban al Vaticano control total del lujoso edificio del barrio de Chelsea. Torzi fue otro de los condenados en el primer proceso en la Santa Sede por extorsión a la Santa Sede.

«Hasta el final todo fueron mentiras y engaños. Estábamos atrapados... Por eso nos vimos obligados a aceptar las exigencias de Torzi y a poner fin a toda relación con él», aseguró el arzobispo venezolano, que llegó a la Secretaría de Estado en 2018 precisamente para ocuparse de esta operación irregular.

Habrá que esperar hasta otoño para conocer el veredicto del Tribunal. En sus memorandos finales, los abogados de ambas partes han defendido sus posturas. Los de Mincione alegan que no hubo fraude, que las facturas que el Vaticano consideran extorsión son «falsas» y que el precio final del edificio no fue inflado, basándose en la tasación del valor de mercado del inmueble. En cambio, Charles Hollander, abogado de la Secretaría de Estado, argumenta que la cifra por la que Mincione compró el almacén de Harrods en 2012 (129 millones de libras) está «en claro contraste» con el precio de compra realizada al Vaticano de 230 millones y que en la operación se dio a la Santa Sede información engañosa.

Los abogados de la Secretaría de Estado explican que las motivaciones de Mincione que le llevaron a emprender acciones legales en 2020 podrían ir desde «limpiar su nombre», «presionar a la Oficina del Promotor de Justicia», el fiscal del Vaticano, o lanzar una «contraofensiva al interés mediático de la investigación».