Salud mental
Sanidad presenta el teléfono 024 de atención a la conducta suicida siete meses después de anunciarlo
El Gobierno anunció un Plan de Acción de Salud Mental el pasado mes de octubre, pero el 024 sigue sin estar operativo
El Ministerio de Sanidad presenta por fin este lunes el teléfono 024 contra la conducta suicida, una iniciativa que supuestamente debe empezar a funcionar en breve y que será gestionado por la Cruz Roja.
Este teléfono de ayuda, confidencial, accesible e inmediato, está destinado para ayudar a todas aquellas personas que estén experimentando ideas de acabar con su vida, un problema que se ha potenciado en los últimos tiempos por los efectos de la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, y a pesar de lo acuciante de la situación, llama la atención que el 024 todavía no esté en funcionamiento pese a que fue anunciado el pasado mes de octubre, en el marco de la presentación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un Plan de Acción de Salud Mental, que se ha dotado con cien millones de euros.
Y es que expertos y familiares de víctimas urgen a las instituciones a tomar ya medidas ante este problema.
En el último año han aflorado diversos estudios de fundaciones y asociaciones relativos a la conducta suicida, como puso de manifiesto la Fundación de Ayuda a Niños y Niñas y Adolescentes en Riesgo, que alertó hace meses de que su teléfono de prevención por conducta suicida (ideación o intento) se han multiplicado casi por 20 en la última década y las relacionadas con autolesiones lo han hecho por 56.
Externalizado a la Cruz Roja
Tampoco está gustando en algunos estratos la manera de cómo el Ejecutivo ha actuado de cara a la gestión de dicha línea.
La subvención directa por valor de más de dos millones de euros –concretamente, 2.049.750 euros–, que el Gobierno ha otorgado a la Cruz Roja para gestionar el número 024, dedicado a la prevención del suicidio, ha recibido críticas.
La medida no ha sido bien vista por psicólogos y expertos en salud mental, que han criticado la decisión del Ejecutivo «de otorgar una subcontratación a dedo» para externalizar un servicio tan esperado y demandado por la sociedad.
Desde ANPIR (Asociación Nacional de Psicólogos y Residentes), se ha puesto el foco en que el Gobierno externalice estos servicios en vez de fortalecer los servicios públicos, recordando que una ONG no debería ofrecer servicios sanitarios especializados.