La Conferencia de Consejos Sociales reclama más intervención de la sociedad en la gestión de la Universidad

la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ante la marcha de la redacción de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, ha decidido hacer pública por primera vez su valoración, mostrando su rechazo al proyecto del ministro Manuel Castells.

Para la CCS –que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas– el texto no aborda la transformación profunda del actual modelo de gobernanza universitaria, con lo que seguiría anclado en el pasado y no llegaría a los estándares de calidad e independencia operativa e institucional. Por ello, la Conferencia expresa su insatisfacción por no abordar las medidas para modernizar la universidad española y aproximarla a los modelos internacionales. 

No existe una autonomía operativa

El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) considera que el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado por el Consejo de Ministros no responde a las necesidades reales de la universidad en nuestro país.

Para la CCS, el texto olvida la transformación total del actual modelo de gobernanza universitaria para lograr una verdadera autonomía operativa e institucional. Por ello, la Conferencia expresa su insatisfacción por el continuismo del anteproyecto en este ámbito y la ausencia en él de los necesarios cambios estructurales para modernizar la universidad española y aproximarla a los modelos de éxito internacionales comparables. Todos ellos están caracterizados por la intervención de representantes de la sociedad civil, externos a la universidad, en las responsabilidades de gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad, entre ellas la elección del rector por concurso de méritos. En este sentido, el primer borrador del anteproyecto contemplaba una fórmula de elección del rector que, sin ser la ideal por depender de la propia decisión de la universidad, cuando menos abría una vía de aproximación a dichos modelos.

La cuestión clave de este modelo es que los intereses sociales se sitúen en el centro de toda reforma, ya que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Sin ello, España continuará siendo una excepción en el mundo de las universidades modernas y no podrá llegar a la excelencia del servicio público de educación superior que se le exige.

Por otro lado, al contrario de lo que dice el preámbulo, el anteproyecto no solo no «revitaliza los Consejos Sociales» sino que disminuye sus competencias actuales, ya de por si escasas y, en muchos casos, teóricas, dada la ausencia de capacidades reales. La universidad no pertenece a quienes trabajan y estudian en ella sino a toda la sociedad a la que presta el servicio público de educación superior. Los Consejos Sociales, en su condición de representantes de la sociedad que paga mayoritariamente con sus impuestos la universidad pública, insisten en reclamar competencias y medios para poder ejercer sus responsabilidades para la adecuada gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad. Además, piden ejercer la supervisión de la actividad económica y del rendimiento de sus servicios, para lo cual es necesario ubicar la unidad de control interno de la universidad bajo la dependencia de los Consejos Sociales.

La CCS muestra su especial preocupación por el cambio en el sistema de designación de los miembros de los Consejos Sociales. Debe evitarse su politización y garantizarse su independencia frente a los órganos de gestión universitaria. La propia universidad no puede intervenir ni influir en la designación de los miembros de los Consejos Sociales que representan a la sociedad civil.

Por último, la Conferencia pone especial énfasis en que la universidad tiene que ser una institución competitiva, eficiente y meritocrática en la gestión de su talento, empezando siempre por el máximo responsable de la institución. Por eso solicitan acometer los cambios estructurales necesarios que pide la universidad de nuestro país, porque si no seguirá siendo una excepción en el mundo de las universidades modernas.

Durante los últimos meses la CCS ha mantenido diversas reuniones con el ministro Manuel Castells y su equipo. El presidente de la CCS, Antonio Abril Abadín, siempre ha insistido en la importancia de que el Ministerio cuente con la Conferencia «como interlocutor activo de la universidad, sin condicionantes corporativos, ideológicos o políticos, para abordar la nueva legislación, fruto de un pacto de Estado con amplio consenso parlamentario».