Liberalizar el cambio de sexo y prohibir la publicidad de dulces: el último «sinsentido» del Gobierno

El Ministerio de Consumo, encabezado por el también coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunció este jueves que prohibirá la publicidad de alimentos y bebidas azucaradas a través de un real decreto que se espera que entre en funcionamiento a lo largo del próximo año. Una medida que levantó revuelo entre parte de la oposición, que acusó al ministro de liberalizar decisiones cruciales en la vida de los menores, como el cambio de sexo o el aborto, y de anteponer esta otra iniciativa como eje central su agenda ministerial.

A pesar de que los expertos coinciden en que constituye «un primer paso» para reducir la obesidad entre los menores –aunque debe ir acompañada de muchas otras, añaden–, algunos, como el psicólogo de HM Hospitales Amable Cima, resaltan el «populismo» de una acción que, en su opinión, el Gobierno prioriza sobre otras cuestiones de mayor relevancia coyuntural o que afectan al individuo «de manera irreversible» para el resto de su vida.

«No se puede pretender que para ir de excursión un adolescente de 16 años necesite autorización de sus padres y para otro tipo de determinaciones, como el aborto o los cambios hormonales, se esté otorgando carta de naturaleza a una toma de decisiones para las que el adolescente no tiene la preparación mental suficiente», advierte Cima, para quien la iniciativa «forma parte del sinsentido de algunas medidas» del Gobierno.

Son cuestiones estas, prosigue el experto, «que no tienen que tomar los chicos o los padres, sino para las que deberían de estar asesorados por un profesional», ya que, arguye, «no cuentan con la madurez psicológica suficiente». El desbarajuste de atribuciones, añade, es incuestionable. «Se está haciendo hincapié en aspectos relativamente secundarios, como es la publicidad de estos productos, y concediendo libertad para cuestiones para las que sí se debería ser mayor de edad a nivel de desarrollo cognitivo».

En este sentido, el psicólogo reprocha también al Ministerio que «se esté centrando en esto en lugar de esforzarse en abaratar la factura de la luz, de la gasolina o del gas, por ejemplo».

Respecto a la medida en sí, Cima cree que «posiblemente contribuirá a la reducción del consumo de este tipo de productos», pero también subraya que «si tan nocivos para la salud se considera que son, lo que realmente se debería hacer en aras de velar por la salud de los menores sería prohibir su venta».

Este pronóstico –el de la reducción de su consumo– es compartido por la profesora en Nutricionismo de la Universidad CEU San Pablo Lourdes Samaniego, que matiza, eso sí, que se trata de una «cuestión multifactorial» que debe ir acompañada de otras acciones como el fomento del ejercicio y de «una educación nutricional que se imparta tanto en el colegio como por parte de los padres».

«Mientras estos alimentos estén disponibles van a seguir siendo consumidos. Por eso debemos monitorizar cómo va avanzando su consumo, porque no sabemos aún qué resultados va a tener la iniciativa», concluye.