Castells enciende a los estudiantes, que ya se preparan para tomar la calle

La polémica sigue sacudiendo la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, por sus siglas, o también denominada ‘Ley Castells’) que prepara el Ministerio de Universidades. Ahora han sido los estudiantes los que han puesto el grito en el cielo al entender que no avanza respecto a la LOU y «abandona las políticas de fomento de participación y garantía de los derechos del colectivo». Asimismo, denuncian que la Ley de Convivencia Universitaria dejará de «proteger» a los estudiantes ante procesos sancionadores.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), junto a Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, ha anunciado movilizaciones para el próximo 18 de noviembre en varias ciudades de España para protestar contra el proyecto de la Ley Castells y las enmiendas presentadas por ERC, PSOE y Unidas Podemos al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria.

Según la CREUP, estas Leyes «culminan una reforma elitista y añaden barreras a la educación superior». Añaden que no merecen «una Universidad que no expulse al estudiantado por su capacidad socioeconómica» y que «las consecuencias del ‘tasazo’ de Wert siguen sin remediarse, teniendo que pagar matrículas abusivas que muchas familias no se pueden permitir».

Además, critican las enmiendas presentadas por PSOE, ERC y Unidas Podemos al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria porque «se han priorizado de manera oportunista los intereses de partido frente a la protección y reconocimiento de derechos y garantías para los estudiantes».

Por ello preparan manifestaciones para el próximo 18 de noviembre en varias ciudades españolas. De momento, estas acciones se limitarán a concentraciones, paros y alguna ocupación para dar visibilidad a los grupos estudiantiles, y huelgas estudiantiles en Murcia y Badajoz.

Y es que esta Ley nació con la oposición de prácticamente todos los actores involucrados. Ya el pasado mes, el ministro anuló varias de las entradas más polémicas del texto –entre ellas la elección del rector, muy criticada– en busca de un mayor consenso que no acaba de contentar a la comunidad universitaria.

Sin respuesta a las necesidades actuales

La Conferencia de Rectores está pendiente de nuevas reuniones con el Ministerio, pero destacan que «el borrador actual no da respuestas a las necesidades de la universidad española». Fuentes de CRUE entienden que «hubiera sido una buena oportunidad para incorporar aspectos que llevamos pidiendo desde hace muchos años». «Pedimos que no haya prisa, sino que se dé respuesta a las necesidades del sistema». No obstante, desde CRUE no entienden las prisas del Ministerio que dirige Manuel Castells en dar salida a una ley que todavía necesita del consenso de los distintos involucrados.

Más específica se muestra la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo: «Esta Ley no gusta ni a las universidades públicas ni a las privadas, ha conseguido ponernos a todos de acuerdo». «No es la Ley que el sistema universitario requiere en este momento; es una Ley que no nos sitúa, en términos de competitividad, en una situación favorable frente a otros sistemas universitarios internacionales».

Visiedo comenta que el gran error de esta Ley es que «no parte del consenso de las universidades». «El Ministerio se ha reunido con todos y, aunque algunas cuestiones han sido tenidas en cuenta, no han mejorado el texto como desearíamos, quizá», aclara, «porque hay una merma de la autonomía de las universidades».

«Elitización de la Universidad»

Por su parte, Alfonso Armesto, de Estudiantes en Movimiento, la LOSU «es el broche final a un proceso de elitización de la Universidad». «Llevamos años viendo que la Universidad lleva aplicando medidas para vaciar o reducir la llegada de estudiantes de las clases populares», explica. Además, Armesto explica que este texto dotará de mayor poder a los consejos sociales que va a perpetuar la precariedad de los becarios.

«Contentar a las universidades catalanas»

Sobre los motivos del hartazgo de Universidad y estudiantes, la diputada del Grupo Popular en el Congreso, María Jesús Moro, «dentro de este proceso caótico, cuando la Universidad necesita más certezas y apoyo tras la pandemia, lo que presenta este Ministerio molesta a todo el mundo y no tiene modelo de Universidad». Según Moro, «esta propuesta solo tiene como objetivo contentar a las universidades de Cataluña», poniendo «patas arriba» todo el sistema generando «enfado e inseguridad».

La diputada popular resalta que «el ministro todavía no ha condenado los ataques al castellano en Cataluña mientras que los rectores están cada vez más vinculados a asociaciones como Òmnium Cultural y afines» y recuerda que Castells fue uno de los ministros designados por Sánchez para participar en la mesa de diálogo con el Govern.

Polémica con la Ley de Convivencia Universitaria

La Ley de Convivencia Universitaria deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y Enseñanza Técnica.

Según el Ministerio de Universidades, el principal objetivo del anteproyecto es «la resolución de los conflictos en el seno de la comunidad universitaria mediante el establecimiento de bases de convivencia y la actualización del régimen sancionador de los estudiantes universitarios».

La polémica ha llegado con el régimen sancionador y la imposición de faltas «muy graves, graves y leves» que permitirían la expulsión de dos meses a tres años de la universidad o la pérdida de derechos de matrícula a los estudiantes que cometan novatadas, acoso o plagio, entre otras acciones.

Además, esta Ley contempla la creación de una Comisión de Convivencia integrada por representantes del alumnado, persona docente y administrativo, y al margen del equipo rectoral, para canalizar las iniciativas para la mejora de la convivencia.

Autoenmiendas del Grupo Socialista

Pero lo más sorprendente ha sido la decisión del Grupo Socialista, Unidas Podemos y ERC de presentar enmiendas a un texto que había sido ya consensuada por los involucrados. «No nos han parecido pertinentes, es una ley muy consensuada por las partes interesadas y no tiene sentido que esta Ley se modifique después del consenso de todos», señalan desde fuentes de CRUE.

«Estamos muy sorprendidos. Me cuesta entender que perjudiquen a la Universidad por una cuestión política», añaden.

Moro, del Grupo Popular en el Congreso, denuncia que «el Ministerio estaba mintiendo a la Universidad y estudiantes dando la impresión de que contaba con ellos, pero en un momento dado han pactado con sus socios de ERC». «Han burlado a los interesados a través del trámite de enmiendas al articulado, querían aprobarla con mucha celeridad en pleno debate presupuestario como un peaje más a la aprobación de los mismos», finaliza.

El próximo 18 de noviembre, la polémica se trasladará a las calles.