Los ginecólogos, en pie de guerra con Montero por llevar la violencia de género al parto

La reforma de la Ley del Aborto que pretende sacar adelante Irene Montero ha sentado como un jarro de agua fría entre los ginecólogos españoles por la inclusión de la llamada «violencia obstétrica» como una forma de violencia de género. Los facultativos entienden que este concepto «promueve la idea de un enfrentamiento entre las mujeres y los profesionales que es contraria a los lazos de confianza y cercanía que preside habitualmente las relaciones entre ambas partes».

La violencia obstétrica se define, según la OMS, como «una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio –periodo que va desde el momento posterior al parto hasta los 40 días–».

Ya Montero quiso incluirle el apellido «machista» para su reforma de la Ley del Aborto, pero la presión del sector echó para atrás la propuesta y se quedará simplemente como «violencia obstétrica». Este término –incluido por primera vez en la legislación venezolana por Hugo Chávez– no ha gustado a los ginecólogos, que lo califican de «inapropiado, tendencioso e injusto».

Desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), explican que, «aunque queda mucho margen de mejora», la práctica asistencial al embarazo y el parto «ha avanzado muy favorablemente en nuestro país y se están consiguiendo muchos de los objetivos propuestos».

«Como queda establecido en nuestras guías, rechazamos la normalización de prácticas como las cesáreas o las episiotomías», algo que solo sucede en el 30 % de los partos «y en la mayoría de los casos su uso está justificado por la evidencia científica: es decir, la práctica profesional inadecuada sería no recurrir a ellas».

Por eso, critican, la tipificación penal del concepto de «violencia obstétrica» promueve «la idea de un enfrentamiento entre las mujeres y los profesionales que es contraria a los lazos de confianza y cercanía que preside habitualmente las relaciones entre ambas partes».

«La inclusión de todas estas prácticas en el marco de la violencia de género es sencillamente ilógica, desde el momento en el que se considera que la mayoría de los profesionales que ejercemos esta especialidad somos mujeres», explican. Y es que, según datos del Sindicato Médico de Granada, el 87,4 % de los ginecólogos y obstetras de este país son mujeres.

«La tipificación penal de un concepto como la violencia obstétrica, en el que se encuadran posibles delitos tan diferentes como una injuria, una coacción, una broma repulsiva, un abuso sexual, una episiotomía, una maniobra de Kristeller o una cesárea, sitúa a los profesionales en un territorio de inseguridad y desprotección jurídica insoportable», denuncia SEGO.

Esta asociación alerta que esta decisión «expone a los profesiones al riesgo de acabar condenados por una decisión médica o por una interpretación subjetiva, y al absurdo de que un o una profesional pueda acabar respondiendo ante los tribunales por un delito penal de violencia machista contra una mujer por una práctica profesional de urgencia con la que quizás haya salvado su vida o la de su bebé».