2022: el año que marcará un antes y un después para la Educación en España

Este año 2022 marcará un punto de inflexión para el futuro de la educación en España. Junto al desarrollo del currículo de la LOMLOE, entran en vigor la Ley de FP y la polémica Ley del Sistema Universitario. Por el Día Internacional de la Educación, repasamos con varios expertos los desafíos y las carencias a los que se enfrenta el sector educativo en este año clave.

Si en algo coinciden todos los expertos consultados es la falta de consenso a la hora de abordar cualquier reforma. No ha habido en España una sola ley en materia educativa que haya contado con el respaldo de todos los grupos. Una situación que ha llevado, junto a otros motivos, a unas tasas de abandono escolar temprano y de paro juvenil sonrojantes. Y el futuro no pinta mejor.

Una 'Ley Celaá' sin Celaá...

Los comienzos del gran proyecto educativo del PSOE ya dieron pistas de lo que luego sería la tónica en el proceder del Ministerio de Educación. El proyecto de ley se registró, en plenas Navidades, sin el informe del Consejo de Estado. Con la llegada del coronavirus, los grupos del Ejecutivo fueron ampliando los plazos de tramitación entre las críticas de la oposición y del sector, y a finales de 2020 –exactamente un día antes de Nochebuena– conseguía su aprobación. Seis meses después, la ministra que había impulsado esta Ley salía del Gobierno por la puerta de atrás y era sustituida por la entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría.

Jesús Muñoz de Priego, abogado y portavoz de la plataforma más plurales, comenta que uno de los fallos fundamentales de esta ley fue la falta consenso. «Todo lo que no esté basado en la búsqueda de consenso será modificado y genera un daño al sistema educativo. La LOMLOE se aprobó en tres meses vía de urgencia y un año después todavía no se ha desarrollado, evidenciando que las prisas eran ficticias. Querían aprovechar una pandemia que impedía un debate social para evitar ese rechazo», comenta.

Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado, apunta que «hubiera sido necesaria una Ley educativa más acertada en sus planteamientos, mejor alineada con los desafíos del siglo XXI en cuanto a nivel formativo de los jóvenes, y apoyada en un mayor grado de consenso con la oposición política y la propia sociedad».

«Eso no se ha logrado y se ha renunciado a dotar de suficiente estabilidad a la cuarta ley orgánica de ordenación general del sistema educativo en lo que va de siglo», explica López Rupérez.

Y no solo eso, en los últimos 25 años, las leyes educativas han tenido una duración media de seis años mientras que todos los expertos internacionales señalan que necesitan al menos diez para notar sus efectos.

...y una 'Ley Castells' sin Castells

Otra Ley que ha quedado huérfana de mecenas ha sido la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), también conocida como la Ley Castells, por el ministro de Universidades.

Al igual que la LOMLOE, esta Ley se presentó sin ningún tipo de consenso –la única aquiescencia del sector fue en mostrar su rechazo unánime– y acabó costándole el puesto a Manuel Castells. Ahora tendrá que ser su sucesor Joan Subirats el encargado de llevar adelante la reforma.

La lacra del fracaso escolar

Es la gran mancha del sistema español, pues afecta directamente al desempleo y al mercado laboral, y ningún gobierno ha conseguido dar con la solución. España es el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono prematuro. Según datos del Eurostat de 2020, el 16 % de los jóvenes españoles solo había completado, como máximo, 4º de la ESO.

La Fundación Europea Sociedad y Educación, en su Mapa de Abandono Educativo Temprano en España, reseñaba que «el logro de una sociedad con niveles educativos cada vez mayores influye (…) en un mayor grado de desarrollo y satisfacción personal, mejor nivel de salud general, mayor esperanza de vida, mejor calidad de vida, menor criminalidad y una mayor difusión y prevalencia de los valores democráticos, así como una participación social y una contribución al bien común más amplias. vida, menor criminalidad y una mayor difusión y prevalencia de los valores democráticos, así como una participación social y una contribución al bien común más amplias».

Por eso, las sucesivas leyes educativas han intentado reducir, sin éxito, esta tasa. Este Gobierno, en un admirable ejercicio de pensamiento paralelo, decidió permitir el aprobado en Secundaria con suspensos y la obtención el título de Bachillerato con una asignatura pendiente.

Esta medida, como era previsible, no sentó bien en el sector, que lo veía como un ataque «a la cultura del esfuerzo» y dejaba a los profesores a los pies de los leones al ser ellos los responsables. Como destacaba hace unas semanas la diputada popular Sandra Moneo a El Debate, «tanto el alumno que supera las dificultades solo como el que necesita apoyo van a conseguir el mismo título. Es un sistema perverso».

La asignatura de Religión y los centros concertados

«La asignatura de Religión queda fuera de la estructura normalizada del sistema educativo», explica Muñoz de Priego, «hablamos de un debate ficticio, la asignatura no tiene crítica social». Y es que la LOMLOE establece una reducción sustancial de las horas de Religión y no tendrá asignatura espejo.

Otro de los asuntos más polémicos es el referido a la educación concertada. La LOMLOE garantiza la libertad de elección de centro, pero se incluyen ciertas restricciones lo que se ha visto en el sector como una «discriminación» para un sistema que afecta al 25,5 % de los alumnos.

Un currículo por desarrollar

A un año de la aprobación de la Ley, todavía no se conoce exactamente el contenido del nuevo currículo competencial de Educación. Estudio del «proceso reformista y democratizador que emprendió la II República», desaparición de los Reyes Católicos, aprendizaje de la historia del pueblo gitano… Son muchas las propuestas que se han filtrado pero todavía no hay nada concreto.

Según explica López Rupérez, el motivo de este retraso se debe a razones políticas y de tipo técnico: «Estaba claro que había una urgencia política de sacar adelante la ley lo antes posible, al comienzo de la nueva legislatura. Esa urgencia impidió aplicar la buena práctica legislativa consistente en tener preparados los borradores de las normas de desarrollo antes de la aprobación de la ley».

El expresidente del Consejo Escolar del Estado añade que, por otra parte, «el nivel de detalle que supone el desarrollo de los currículos junto con los debates internos y las negociaciones con los socios del gobierno explica, muy probablemente, ese retraso».

Un modelo de FP muy difícil de implantar

La Ley de FP aprobada el pasado año iba a convertirse en la primera norma educativa que iba a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, las exigencias de los socios de Gobierno despertaron la desconfianza de la oposición y de buena parte del sector por el asunto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta Ley unifica el sistema de Formación Profesional y el de Formación para el Empleo con un sistema de dual que aumentaría el número de horas en la empresa e involucraría a esta en la formación del alumno, recuperando la figura del aprendiz a semejanza del modelo alemán que tan buenos resultados había cosechado.

El sector había pedido un contrato «flexible y atractivo» para regular la relación entre el estudiante y la empresa teniendo en cuenta las particularidades del tejido empresarial español, en el que abundan las pymes y micropymes. Sin embargo, los socios de Gobierno consiguieron que este contrato estuviera regulado en las bases del SMI, algo inviable para las empresas.

Eugenio Nasarre, ex secretario general de Educación, considera que este modelo «es el adecuado», pero con la reforma laboral «las condiciones que se establecen para las empresas son difíciles de cumplir» por una obligación contractual que, explica, «no existe en otros sistemas europeos».

«Si no se modifican estos aspectos, mi pronóstico es que no va a ofrecer los resultados que necesita el sistema de empleo», apunta Nasarre quien, no obstante, cree que «el tejido empresarial español, abordándolo de manera inteligente, se puede adaptar perfectamente al sistema dual».

El problema de la interinidad

Sanidad y Educación son los sectores con mayor número de interinos de España. Concretamente en el sector educativo, los sindicatos calculan que afecta a un cuarto de la plantilla de profesores públicos, unos 100.000 trabajadores.

La problemática es tal que Bruselas lleva años apretando a España para que solucione esta situación. De momento, el Gobierno anunció una estabilización masiva de estas plazas… con letra pequeña. Esta medida consolidaría la plaza en una especie de barra libre administrativa de los funcionarios que llevaran cinco años ininterrumpidos en su plaza. Sin embargo, fuentes del sector apuntan a que esto es inviable ya que la mayor parte de estos trabajadores suelen ser despedidos a final del año lectivo para ser contratados en el curso siguiente.

El secretario estatal de acción sindical de ANPE –el sindicato de profesores–, Ramón Izquierdo, cree que esta medida «no es la solución». «Lo idea sería sacar todas las plazas disponibles a oposición», señala.