Los cazadores, molestos con la reforma animalista de Podemos: «Nos deja indefensos»

Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), no se fía de Ione Belarra. Lo dice sin ambages, molesto y a la vez preocupado por una de las iniciativas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que Belarra dirige. Concretamente, la modificación de los artículos 337 y 337 bis de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal que, teme, afecte a la actividad cinegética al tipificar como delito el maltrato de «todo animal vertebrado». El texto, cuya consulta pública previa se desarrolló la pasada Navidad, recibió alegaciones por parte de la RFEC. Los cazadores no tienen duda: la reforma «pretende acabar con la caza».

«Es algo que dejaría en una situación de indefensión a la ciudadanía. ¿Significaría que si mato a una rata, o a un jabalí, podría ir a la cárcel? ¿Hasta dónde se quiere llegar con esta modificación?», se pregunta retóricamente Gallardo, convencido de que la reivindicación forma parte de la agenda del lobby animalista con la que Unidas Podemos pretende ejercer presión sobre el Gobierno de coalición. «Se trata de una modificación que está motivada por una supuesta alarma social en torno al maltrato animal, cosa que no creemos ni mucho menos que ocurra de manera generalizada».

El presidente de los cazadores españoles pide mayor transparencia y claridad a los legisladores y, pese a que el Ministerio ha negado que el cambio vaya a suponer el fin de la actividad cinegética, Gallardo cree «las declaraciones que se han venido haciendo al respecto no son muy fiables». Por ello, pide que se definan y que «nos den el texto de modificación, porque no sabemos en qué sentido o términos se va a cambiar». «Cuando no se informa de manera clara y transparente se puede dar lugar a sospechas de intencionalidad aviesa», expone.

Otra de las quejas del representante cinegético versa en torno a la reforma del Real Decreto sobre núcleos zoológicos de animales de compañía, que pondría trabas a la posesión de más de cinco animales y que limitaría, por tanto, la tenencia de perros de caza y rehalas.

La actividad más reglada

El presidente recuerda que la caza es una de las actividades más regladas de Europa, además de suponer un sector estratégico que ejerce un papel fundamental en la regulación del hábitat y la protección de especies y genera miles de millones de euros cada año y cientos de miles de puestos de trabajo.

Por todo ello, la entidad federativa entiende que «todos los animales silvestres o salvajes vertebrados deben quedar fuera de esta reforma, así como todas las especies que son objeto de la caza y de la pesca, al igual que deberían excluirse de esta tipificación la difusión y filmación de dichas actividades».

Esto, matizan, no quiere decir que queden desprotegidos, sino que deben conservar su propio régimen de protección, tanto penal como administrativa «que nada tiene que ver con la reforma que se plantea, ya que el delito de maltrato se encamina a proteger a los animales domésticos y de compañía que viven bajo el control humano, y dicha protección no afecta a las especies silvestres».