Subirats quiere que los profesores universitarios hagan un curso para ser docentes

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha anunciado este miércoles, en declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, su intención de que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incluya un periodo de formación inicial para todas aquellas personas que inicien su actividad como docentes en la Universidad.

«Nuestra intención es que la Universidad deje de ser una excepción en el sentido de que para empezar cualquier actividad educativa, cualquier persona que quiera ser maestro o profesor tiene que pasar por un curso de formación. En la Universidad no es así. Lo que vamos a incorporar en la LOSU es la idea de que cualquier profesor que empiece su actividad profesional en la Universidad, en su primer año tenga que pasar por un curso de formación», ha anunciado.

Según ha explicado el ministro, el refuerzo de la actividad docente en las universidades españolas es «muy importante», ya que las universidades no pueden ser ni solamente «academias» ni «laboratorios». La idea, según ha detallado, es que dicha formación pedagógica sea obligatoria y se realice en el primer año de la plaza de ayudante doctor, que es la figura de entrada a la carrera académica.

La idea de mejorar la formación en la práctica docente viene motivada por la «propia experiencia profesional» del ministro como profesor universitario, tal y como ha reconocido el propio Subirats: «Cuando empecé en 1974, al cabo de unos días estaba dando un curso de Educación Política en San Agustín sin que nadie me dijera en qué consistía dar clases».

«Después de 47 años de universidad, he visto también lo que ocurría; he aprendido mucho de mis maestros anteriores; he sido capaz de compartir mi experiencia pedagógica con personas que empezaban y creo que esa reflexión es la que me ha llevado aquí», ha relatado.

Además, cree en esta iniciativa por otras cuestiones, como son los cambios tecnológicos que ha habido en las últimas décadas y la necesidad de reforzar el papel de la presencialidad. «Que haya algún tipo de formación inicial es necesario», considera el ministro.

Ahora, en cuanto a cómo será este curso inicial, el ministro se ha mostrado prudente, al afirmar que el Ministerio tendrá que ver cómo lo abordará, teniendo en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y la autonomía de las propias universidades. «Se trata de buscar la manera en que esto se haga de la mejor manera posible, sin que sea una carga», ha añadido.

En cualquier caso, Subirats recuerda que «afortunadamente», todas las universidades tienen unidades de formación docente e innovación docente, por lo que se trataría de «incorporar esa experiencia» para hacer posible esta medida.

Asimismo, según fuentes del Ministerio, además de esta formación inicial, la nueva Ley dará un impulso a la formación continua para que el profesorado pueda actualizarse y reciclarse en las metodologías didácticas más idóneas en cada disciplina.

La futura ley

El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aún se encuentra recabando las aportaciones de la comunidad universitaria con el objetivo de ser aprobado por el Consejo de Ministros en «este periodo de sesiones», según ha afirmado el ministro. «Quiero que antes de verano presentemos este proyecto», ha pedido, confiando en que su tramitación parlamentaria finalice en «el primer cuatrimestre de 2023».

Según ha explicado en Comisión, la idea que tiene de la LOSU no es «partir de cero» sino «aprovechar» el trabajo realizado por su antecesor, Manuel Castells. «La ley no puede entrar en un terreno muy de detalle, muy reglamentario, porque sería contradictorio desde el punto de vista del sistema», agrega Subirats, que quiere que la LOSU sea una «ley básica» que garantice la igualdad y la diversidad del sistema universitario y permita el despliegue de la autonomía universitaria y las competencias de las comunidades autónomas.

Además, apuesta por que esta norma sea capaz de reforzar los derechos del estudiantado y de combatir la precariedad laboral del profesorado para así evitar que la Universidad se convierta en un sistema «fragilizado».