Protesta ante la sede de Vivotecnia en Barcelona
El gobierno destina casi 17 millones a Vivotecnia para la experimentación animal
Como defensa, ha explicado que no sabe qué cifra se ha destinado a la búsqueda de métodos alternativos o incluso qué proyectos incorporan experimentación con los animales
Diversas instituciones públicas vinculadas al Gobierno de España llevan desde el año 2010 destinando dinero a Vivotecnia, una empresa que trabaja con la experimentación animal. El grueso de esa suma corresponde al CSIC (15,9 millones), que se trata de una agencia estatal española adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación con la consideración de organismo público de investigación.
La diputada de Junts per Cataluña, Pilar Calvo, critica al Gobierno porque «no se está produciendo una inversión directa en búsqueda de métodos alternativos» para evitar la experimentación con animales, como exige la legislación europea. Además, recalca que ya se están destinando ayudas a la investigación científica (con fondos europeos).
Como respuesta a la diputada, el Gobierno ha explicado que no sabe qué cifra se ha destinado a la búsqueda de métodos alternativos o incluso qué proyectos incorporan experimentación con los animales. El ejecutivo se ha desentendido comentando que «falta un sistema efectivo para controlar los datos».
«El número de proyectos que incorporan experimentación animal y los objetivos establecidos por la normativa reguladora en esta materia no puede determinarse», responden. «Son cientos los proyectos financiados que incluyen la experimentación con animales y no consta la información de cuáles incorporan métodos alternativos de forma explotable. Cabe señalar que no hay previsión específica en este momento de destinar un importe concreto», han notificado.
Invierten el dinero, pero no saben en qué
Según ha publicado La Vanguardia, la respuesta del Gobierno es simple: «La cifra de inversión en el establecimiento de medios alternativos a la experimentación con animales es de difícil estimación; tal y como está diseñado el sistema regulado por el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos».
«En cada proyecto se requiere al investigador o grupo proponente que apliquen los principios y objetivos establecidos, valoren e incorporen métodos alternativos siempre que sea posible», anuncia.
«Por lo tanto, es a través de la financiación de proyectos de I+D como se financia el desarrollo de estos métodos alternativos sin posibilidad de discriminar su coste en el conjunto, que es el proyecto en que se enmarcan estos métodos», recalcan.
El CSIC también colabora
No obstante, la mayor ayuda que obtienen son del CSIC, casi 16 millones de euros desde el año 2010. Según comentan, los importes abonados corresponden a las prestaciones «del servicio de manipulación, mantenimiento y limpieza de animales de laboratorio en los animalarios» del Centro Nacional de Biotecnología, Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», Centro de Investigaciones Biológicas, Instituto de Investigaciones Biomédicas «Alberto Sols» e Instituto Cajal del CSIC.
El resto de ayudas o contratos obtenidos por Vivotecnia se reparten entre el Instituto de Salud Carlos III (580.000 euros), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y la Agencia Estatal de Investigación.
Ante estos datos, la diputada denuncia que «en España no se está invirtiendo en búsqueda de métodos alternativos, aunque la legislación europea obliga a los Estados miembros».
El caso de Vivotecnia
La propia Comunidad de Madrid decidió suspender la actividad del laboratorio en la comunidad, al enterarse de que la empresa estaba maltratando animales.
A pesar de esto, el Parc Científic de la UB decidió contratar los servicios del laboratorio. A través de una licitación pública pagó 255.648 euros I.V.A. incluido para testar fármacos en 38 beagles y luego matarlos, algo que podría ser ilegal, de acuerdo tanto con el artículo 30 del RD 53/2013, de 1 de febrero como con la Directiva 2010/63/UE. Deacuerdo con esas normativas, tras las investigaciones, los animales deben ser realojados y dados en adopción, y es obligado evitar la muerte como punto final.