El Gobierno presiona a los médicos objetores del aborto imponiendo un registro

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una nueva ley del aborto que permitirá a las niñas menores de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento de sus padres. Además, según adelanta la Cadena Ser, regulará la gestación subrogada, permitiendo a los tribunales perseguir a aquellas parejas que viajen al extranjero para continuar con el proceso. Otra medida será la realización de una lista de objetores para controlar a aquellos médicos que se niegan a realizar un aborto por principios morales.

Tal y como han informado se mantendrá el aborto libre a petición de la mujer hasta las 14 semanas de gestación. El borrador al que ha accedido la emisora explica que hay una disposición que deroga la actual de 2010, recurrida hace 12 años ante el Constitucional.

La nueva ley incluirá otras medidas, como el «derecho a la salud menstrual». Se regularán las bajas por dolor menstrual, que podrá extenderse hasta los tres días y se facilitarán productos de higiene de forma gratuita a las mujeres en riesgo de exclusión o en los centros educativos cuando sea necesario. También se eliminaría el IVA de estos artículos.

La nueva decisión del Gobierno contrasta con el borrador filtrado el pasado 2 de abril por el periódico estadounidense el Político, que apuntan a que la Corte Suprema de EE. UU. va a revocar el blindaje constitucional del aborto, lo que previsiblemente provocará su prohibición en varios estados a lo largo del país.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, avisó el pasado febrero de la nueva reforma que estaban preparando. El ministerio quiere que la futura ley del aborto vaya más allá de lo que se planteó en el año 2010, cuando, según recogió el BOE, las mujeres, «sin interferencia de terceros», podían empezar a abortar abortar libremente e interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si existía grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o anomalías en el feto.

Según Igualdad, hay un estudio en el que se muestra que el 53 % de las mujeres sufre periodos de regla muy dolorosos, que en jóvenes menores de 25 años se eleva al 74 %. Debido a esto, la secretaria de Igualdad Ángela Rodríguez Pam cree la necesidad de «implantar una incapacidad temporal asociada a esta cuestión».

Además, la nueva ley incluye medidas sobre la gestación subrogada, que queda reconocida como violencia contra las mujeres. Por este motivo, se prohibirá la publicidad de las agencias y recoge que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para seguir el proceso.

Promesas aún sin cumplir

Actualmente, los productos para la menstruación están gravados con un 10 % de IVA. El Gobierno prometió reducir la conocida tasa rosa, que incluye todos estos productos, al 4 %, pero aún no se han hecho ningún cambio.

El pasado mes de octubre, en una mesa titulada Derechos sexuales y reproductivos, la secretaria de Podemos explicó que nadie hablaba de las consecuencias del periodo.

Según informó, en varios países ya se ha abierto un debate que trata el tema de la importancia de dar derechos a la mujer si se tiene una «menstruación difícil».

Rodríguez ha denunciado que «una de cada cuatro mujeres no puede elegir los productos de higiene femenina que quiere comprar por cuestiones económicas». Por lo que propone en la reforma que los productos de salud menstrual se dispensen de forma gratuita en centros educativos y sociales, además de implantar una «tasa impositiva hiper reducida» para disminuir los precios.

Una ley que coarta la libertad de los médicos

La postura que impone el Gobierno no la comparten los médicos que tienen claro que la objeción de conciencia es un derecho fundamental de los médicos que debe respetarse.

Así lo explica el doctor y presidente del Colegio de Médicos de Madrid Manuel Martínez-Selles: «Es un derecho fundamental reconocido internacionalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos y garantizado en nuestra constitución. Ninguna normativa puede regularlo y mucho menos limitarlo. De hecho, el Tribunal Constitucional ha declarado que la objeción de conciencia no exige de regulación jurídica específica de cara a poder ser reconocida, ya que es una manifestación de la libertad de tal manera que tal derecho existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no la regulación».

Los argumentos de su razonamiento se recogen en el documento que aprobó en julio de 2021 el Comité de Bioética de España. El propio Código de Deontología Médica Español, señala en el artículo 32 que el reconocimiento de la objeción de conciencia del médico es un presupuesto imprescindible para garantizar la libertad e independencia de su ejercicio profesional.

«La objeción es una exigencia ética y constitucional que no depende del pensamiento de una ministra. La objeción está amparada por la posibilidad de acogerse a la no realización de actos gravemente contrarios a la propia conciencia. Reconocer esta primacía es también saber que la justicia es mucho más que las leyes y que hay derechos fundamentales que toda norma debe siempre respetar», insiste Martínez-Selles.

Poner trabas a la objeción de conciencia es amordazar a los que piensan distinto, comprometiendo la libertad del profesionalManuel Martínez-Selles, doctor y presidente del Colegio de Médicos de Madrid

Rocío Belda, médico obstetra considera que la lista que quiere hacer el Ministerio persiguiendo a los médicos objetores a practicar el aborto es una «caza de brujas» y explica que: «Muchísimos ginecólogos no están en contra del aborto, defienden que cada mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, pero, en muchos casos, están en contra de pasar por un procedimiento que no quieren practicar».

Lo mismo relata Martínez-Selles que ve esta situación con mucha preocupación: «Me preocupa que se pueda generar una situación de desconfianza médico-paciente. Es importante que la mujer sepa que el ginecólogo o ginecóloga (la mayoría son ginecólogas) actúa pensando en el bien de la madre y del hijo. Es relevante humanizar el parto, ahí tenemos que estar todos, pero no tratando a los profesionales como delincuentes. Cuando se instrumentaliza un parto, se hace una episiotomía o una cesárea programa es porque está aconsejado. No hay intención de hacer daño a la mujer».

«Poner trabas a la objeción de conciencia es amordazar a los que piensan distinto, comprometiendo la libertad del profesional y es un ataque frontal a la relación de respeto y confianza entre médico y paciente. No podemos tolerar una injerencia ilegítima en el ejercicio de la Medicina», concluía el director.

Varios obispos también se han mostrado contrarios a la propuesta del Ministerio de Igualdad, pues consideran que sería «atentar contra la libertad de la persona».

Julián Barrio, el arzobispo de Santiago de Compostela, ha declarado: «Esto no se debe hacer un registro de médicos que no quiera practicar abortos, porque la libertad de conciencia es algo que hay que respetar siempre».