El Gobierno continúa sin publicar la auditoría de la gestión de la pandemia dos años después de anunciarlo

Dos años después de que el Gobierno declarase inconstitucionalmente el estado de alarma debido a la crisis del coronavirus, no tiene previsto aún llevar a cabo ninguna auditoría para estudiar y concluir las irregularidades que se detectaron durante la pandemia debido a los contactos de emergencia.

Se vieron diferentes anomalías con relación a las distintas compras del material sanitario, así como mascarillas, gel hidroalcohólico o guantes para la protección de los sanitarios y civiles. El Tribunal de Cuentas ha sido el encargado de certificar varias veces este descontrol, realizado por el Gobierno y otros organismos relacionados.

Ante estos planes del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular trató de impulsar una auditoría para acarar así todos los detalles de los «sospechosos contratos» que firmó sanidad en los primeros meses de la pandemia por coronavirus.

En un documento oficial remitido al Parlamento, y al que ha tenido acceso Okdiario, el Gobierno se defiende y comunica que «todos los contratos suscritos por los órganos directivos del Ministerio de Sanidad cumplen con el procedimiento establecido y se someten al control interno previsto en la normativa vigente». Con estas palabras el Ejecutivo anuncia que no llevará a cabo una revisión de las cuentas. Algunas de ellas ya denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción.

Tal y como explica el diario mencionado, en sus distintas fiscalizaciones, el Tribunal de Cuentas ha advertido de varias irregularidades. El organismo ha analizado, entre otros, varios contratos firmados por 13 organismos del Estado, como la Agencia Tributaria o el Instituto de Crédito Oficial, concluyendo que «un número significativo de las entidades fiscalizadas no han comprobado la capacidad de los adjudicatarios para poder celebrar contratos con el sector público, sin que tampoco hayan exigido que aquellos poseyeran y acreditaran la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para que se les adjudicara el correspondiente contrato».

Según denunció el Tribunal de Cuentas, esta irregularidad se debe a varias contrataciones sin ningún tipo de sustento, ya que había riesgo de que se contratase a personas sin ningún tipo de «capacidad jurídica o inhabilitada para contratar con el sector público, o a un empresario que no acreditase en la forma legalmente exigible la solvencia necesaria para atender los compromisos asumidos mediante el contrato».

Además, el Tribunal de Cuentas alertó de otras actividades que no concordaban con lo prometido por el Ejecutivo, ya que algunas de las empresas no tenían como fin la importación del material sanitario acordado, sino que era un paso para llevar a cabo actividades más diversas aún sin especificar.

«En estos supuestos resultaba exigible que el órgano de contratación justificase la imposibilidad de celebrar el contrato con empresas en cuyo objeto social se incluyesen las prestaciones objeto de contratación». Además, «en la mayor parte de los contratos fiscalizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa». Esto, según el informe al que tuvo acceso Okdiario, constituye «una buena práctica al objeto de adecuar la tramitación excepcional de emergencia a los principios de libre competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa», explicaba el Tribunal de Cuentas.