Convocatoria de la Unión Romaní y el Movimiento contra la Intolerancia
Delito de odio
El Congreso aprueba pena de cárcel para el antigitanismo
Se castigará con pena de prisión de uno a cuatro años a quienes lo promuevan o lo inciten
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, con la única abstención de los diputados de Vox y ningún voto en contra, una reforma del Código Penal para castigar el antigitanismo, un delito de odio que podrá conllevar penas de cárcel de entre uno y cuatro años.
Se trata de una enmienda que se introdujo en el proyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación que ya ha llegado al Senado, pero, al suponer una reforma de Código Penal, que es una ley orgánica, ha tenido que volver al Congreso para pasar por el Pleno.
Su objetivo es incluir el antigitanismo entre los delitos de odio que recoge el Código Penal, para lo que se reformarán el artículo 22 y el 510 si finalmente sale adelante en el resto de su tramitación.
El antigitanismo será una circunstancia agravante y se castigará con pena de prisión de uno a cuatro años a quienes promuevan o inciten al odio o a la discriminación por motivos «antigitanos» y a quienes distribuyan o posean material que fomente ese odio.La pena será de seis meses a dos años de cárcel si se lesiona la dignidad de la persona con acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito o que enaltezcan o justifiquen delitos cometidos contra los gitanos.
Se incluye también la aporofobia
Una reforma que se ha aprovechado también para incluir entre los delitos de odio la aporofobia, la fobia a las personas pobres, que ya era considerado una circunstancia agravante y se castigaba como elemento discriminatorio.
La propuesta ha contado con la unanimidad de todos los grupos, si bien Vox se ha abstenido a pesar de apoyarla al entender que el Código Penal ya castiga los delitos de odio por razones de etnia, como ha señalado su diputada Lourdes Méndez.
El PP, por su parte, ha dado su apoyo a la iniciativa, pero ha dejado claras sus críticas a la ley para la igualdad de trato, la llamada ley Zerolo, en la que se incluye.
También unánime ha sido esta consideración de los portavoces de todos los grupos: si bien la reforma del Código Penal supone un avance en las reivindicaciones del pueblo gitano, son necesarias más medidas para acabar con su discriminación.
