¿Por qué las okupaciones en España se han triplicado en solo diez años?

La cifra la ofreció el propio Gobierno hace ahora dos semanas en respuesta a una petición registrada por el grupo de Vox en el Congreso. Un total de 17.274 viviendas fueron ocupadas ilegalmente en 2021 en España, el triple que la anotada diez años atrás –6.233– y un 40 % más que en 2018 –12.214–, fecha de inicio de la legislatura actual.

Pese a que la acusada evolución del dato es, ya de por sí, siniestra y alarmante, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una de las varias –todas ellas de nombres similares– que aglutinan a las víctimas de este fenómeno, advierten de que no es ni siquiera real. «Muchas personas están recurriendo a los acuerdos extrajudiciales, porque saben que lo contrario, entre la lentitud de la justicia, los años de demora, las sangrantes pérdidas económicas y los daños psicológicos se traducen en una verdadera pesadilla», explica a El Debate Pilar Martínez, portavoz de la asociación.

Afectada por un caso de ‘inquiokupación’ –la última tendencia del fenómeno okupa, caracterizada por inquilinos que dejan de pagar la renta al poco de entrar a vivir en un piso alquilado–, Martínez fue una de las impulsoras de la entidad, que trata promover cambios legislativos para atajar una dinámica que considera «garantista» con los infractores y leonina con los propietarios.

«Hemos pedido reunirnos con todos los grupos parlamentarios para exponer nuestra situación y hacerles llegar nuestras quejas. El PSOE nos recibió solo una vez y no nos han vuelto a atender; ERC y Compromís, también; Podemos, nunca. Solo PP y, sobre todo, Vox, se han volcado con nosotros», subraya la portavoz, que recuerda que la suya, a la que la ministra de Transportes y Movilidad Raquel Sánchez ha tachado de «bulo», es una organización «apolítica».

El aumento del 40 % de las okupaciones desde la toma de posesión del actual Gobierno, indica Martínez, tampoco es casualidad. «El problema es que los reales decretos que se han emitido vienen a decir que tú puedes ocupar una vivienda o dejar de pagarla sin que pase nada, porque si en ella hay un menor, una víctima de violencia de género o una persona con discapacidad o desempleada entras en situación de vulnerabilidad y no te pueden echar, y eso es algo de lo que se aprovechan muchos de estos caraduras», explica.

No estamos en contra de las personas vulnerables, sino de quienes se hacen pasar por ellasPilar Martínez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación

Martínez se refiere al texto aprobado en 2020, tras la llegada de la pandemia, que suspendía los desahucios y lanzamientos para personas y familias vulnerables. Una medida que, pese a su buen fondo en un contexto de crisis económica y sanitaria, ha sido aprovechada desde entonces por individuos y colectivos que no reúnen condiciones de vulnerabilidad, sino que se sirven de su benevolencia para instalarse en viviendas ajenas sin abonar los gastos.

Tras haber sido sometida en febrero a una prórroga que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, desde la plataforma temen que, al acercarse la fecha, el Gobierno decida volver a ampliarla y, con ello, agrave aún más la problemática y vuelva a retrasar en consecuencia las actuaciones de desalojo pertinentes. «No estamos en contra de las personas vulnerables, al contrario, sino contra quienes se hacen pasar por ellas», apunta Martínez.

En este sentido, la portavoz explica que, tras emitirse el correspondiente informe de vulnerabilidad por parte de un juez, los servicios de asuntos sociales son los responsables de ofrecer una alternativa habitacional a los okupas. Pero ha habido casos, añade, en los que esa propuesta ha sido rechazada por los infractores. «Es algo que además perjudica a los verdaderamente vulnerables, porque los que no lo son están cobrando una ayuda que correspondería a los afectados», apunta.

A todo esto se suma, recuerda, el problema de la tipificación de los delitos, que establece que los casos de okupación durante la ausencia del propietario obedecen a una falta de usurpación de vivienda y no de allanamiento, lo que aceleraría los trámites de desalojo. En cuanto a las novedosas ‘inquiokupaciones’, la infracción se reduce a un simple incumplimiento del contrato, y las compensaciones para los propietarios por las ingentes pérdidas que tienen que afrontar durante la estancia de los arrendatarios no llegarán, al menos, hasta el 30 de septiembre tras la expiración del real decreto.

«Detrás de nosotros no hay partidos políticos, solo somos víctimas de la desesperación, la soledad y la incongruencia de lo que estamos viviendo. Nos tachan de bulo, de crear una alarma social, pero no se dan cuenta de que detrás de declaraciones como las que hizo Raquel Sánchez hay gente sufriendo y el garantismo de las leyes va con quien comete el delito», lamenta la portavoz, que glosa los principales problemas de la okupación en España en la «falta de legislación y de jueces, la parcialidad de asuntos sociales y una opinión pública incrédula que piensa que todo esto nos lo inventamos».