El Gobierno oculta la cifra de secuestros parentales en su informe sobre personas desaparecidas

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido suprimir, por primera vez en sus seis años de andadura, el dato de secuestros parentales de su Informe Anual.

Creado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy como respuesta a la demanda de las asociaciones de afectados, el organismo recoge en el dosier el número de desaparecidos en suelo español y extranjero durante el ejercicio anterior y desglosa las desapariciones en función de su tipología –voluntarias, involuntarias, forzosas…–. Además, también informa de la edad, el sexo y la provincia en la que han tenido lugar.

Desde el año de su fundación y hasta 2021, el CNDES incluyó igualmente en el informe el número de secuestros parentales cometidos, con una serie histórica que comenzaba en 2010. La cifra oscilaba cada ejercicio, pero siempre se situaba en torno a las 300 sustracciones –a excepción del año pasado, cuando extrañamente se redujo a solo 35–, que venían acompañadas –al igual que el resto de tipologías– de datos como la edad del menor, el género del secuestrador, la provincia que lo había registrado, etcétera.

Esto cambió en 2018, año de relevo en el Gobierno, cuando el nivel de detalle se redujo sustancialmente. Y, tras el inusual dato de 2020, el CNDES ha optado este año directamente por borrar de un plumazo el capítulo dedicado a esta cuestión. Todo ello unos días después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, haya calificado como «madres protectoras» a mujeres como María Sevilla, condenada por secuestrar a su hijo e indultada posteriormente por el Gobierno.

Opacidad

La falta de transparencia de España en relación a este delito, sin embargo, viene de lejos. En 2018, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) lamentó que el Gobierno (todavía controlado por el PP) no hubiera proporcionado el dato del género de los secuestradores para el informe internacional que se encarga de elaborar cada cinco años.

«El Gobierno central español fue incapaz de proporcionar información sobre la relación entre el secuestrador y el niño. En informes anteriores, la mayoría de las personas secuestradoras eran madres, representando el 67 % en 2008, el 71 % en 2003 y el 61 % en 1999», afeaba entonces el organismo, radicado en La Haya, a nuestro país.