La Justicia francesa prohíbe el uso del burkini en las piscinas municipales de Grenoble
La sentencia supone un vuelco respecto a la postura adoptada en 2016, cuando el órgano supremo de los contenciosos administrativos anuló la prohibición de la prenda decretada en varias ciudades
Vuelco en la postura de la Justicia francesa respecto al uso del burkini. Si en 2016 el Consejo de Estado anuló la restricción dictada por el alcalde de Cannes que prohibía el uso de esta polémica prenda en las playas; el órgano supremo de los contenciosos administrativos se ha pronunciado esta vez en sentido contrario.
El escenario del debate se ha trasladado en esta ocasión a otra ciudad del sur, Grenoble, cuyo ayuntamiento, gobernado por el alcalde ecologista Éric Piolle, autorizó en mayo –por un estrecho margen de solo dos votos– los bañadores femeninos islámicos en sus piscinas municipales. La medida provocó la queja del prefecto (el delegado del Gobierno del departamento) de Isère, por lo que el Tribunal Administrativo de Grenoble ordenó la suspensión de la norma, que fue a su vez recurrida por el consistorio local.
Ahora, los jueces del Consejo de Estado se han pronunciado al respecto, dando su visto bueno a la iniciativa del ayuntamiento. «El Artículo 1 de la Constitución prohíbe que prevalezcan las creencias religiosas por encima de las reglas comunes establecidas», han indicado, sustentando así la decisión por «motivos de higiene y de seguridad» y por suponer «una amenaza al principio de neutralidad de los servicios públicos».
Con ello, el organismo ha adoptado la posición contraria a la asumida hace casi seis años, cuando anuló varias órdenes municipales de prohibición de la prenda en playas al estimar que no se podía limitar la libertad con el argumento de que el orden público está amenazado mientras eso no pudiera demostrarse.
La postura del Gobierno
La sentencia ha sido aplaudida por el ministro del Interior, Gérard Darmanin, quien ha apuntado que «el sectarismo de Éric Piolle, alcalde de Grenoble, es censurado por el Consejo de Estado» y ha calificado la decisión como «una victoria en favor de la ley (contra) el separatismo, la laicidad y, por toda la República en su extensión».
Según apuntó entonces el Gobierno, el objetivo de autorizar el burkini supone «ceder a las exigencias comunitarias con fines religiosos» y la decisión podría violar el principio de «laicidad establecido por la ley de 1905», según la prefectura. En 2021, la entrada en vigor de la llamada ley contra el «separatismo» estableció un castigo contra los actos que «atenten gravemente contra el principio de laicidad y de neutralidad del servicio público».