La Corte Suprema de Estados Unidos
El Gobierno de Biden alienta el uso de pastillas abortivas en los estados que lo tienen prohibido
Este martes, el Departamento de Salud y Servicios Sociales del país recordaba a sus ciudadanos que existe la posibilidad de adquirirlas por correo postal
El blindaje constitucional del aborto en Estados Unidos ha saltado por los aires tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el caso Roe vs. Wade y son varios los estados que, en aplicación de leyes gatillo, han prohibido o limitado ya esta práctica. Pero la decisión de los jueces amenaza con provocar un nuevo frente judicial en una sociedad cada vez más dividida.
El manido recurso de Biden al tachar la decisión de «antiamericana» demuestra que su Administración está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias contra los estados contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo.
Este mismo martes, el Departamento de Salud y Servicios Sociales del país recordaba a sus ciudadanos que existe la posibilidad de adquirir por correo postal píldoras abortivas. Esta medicación está incluida entre los servicios sanitarios del programa público de seguros de salud para gente en situación de necesidad, aunque solo para los casos de violación, incesto o peligro para la madre.
Sin embargo, esta cartera ya ha anunciado su intención de reducir los requisitos para acceder a estas píldoras abortivas. «Es un momento de crisis en la asistencia sanitaria, removeremos cielo y tierra», comentó Xavier Becerra, secretario de Salud estadounidense.
Los estados que ya han anunciado prohibiciones temen que los proabortistas aprovechen esta facilidad en la adquisición de esta medicación para saltarse la legislación estatal. Y tienen motivos para estar preocupados.
La decisión sobre estos productos depende de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), una agencia federal dependiente del Gobierno de Estados Unidos.
En el centro de la polémica está la mifepristona, el primero de los dos medicamentos que se toman para interrumpir el embarazo. Muchos estados han intentado imponer restricciones más duras que la propia FDA para su adquisición, pero el precedente no invita al optimismo.
En 2014, Massachusetts intentó prohibir el Zohydro, un analgésico aprobado por la FDA, como respuesta a la crisis del abuso de opiáceos. Sin embargo, un tribunal anuló la decisión al entender que la ley federal no permitía esa prohibición. Y es que las implicaciones tienen mayor alcance. Por un lado, socavaría la autoridad de la FDA al tiempo que sentaría un peligroso precedente sobre el control de los medicamentos por parte de los estados.
Arenas movedizas
La regulación estatal de la mifepristona entra en un terreno lleno de arenas movedizas. Los estados no pueden aprobar medicamentos no permitidos por la FDA, pero no queda claro si las distintas administraciones regionales pueden regular su uso con mayor dureza que la agencia.
Además está el asunto de la Décima Enmienda que establece que aquellos poderes que la Constitución no delega al Gobierno ni prohíbe a los estados, quedan reservados a estos respectivamente o al pueblo.
A este texto se acogen algunos gobernantes a la hora de regular la práctica de la medicina en sus estados, y podría abrir el melón sobre la ordenación de los medicamentos como la mifepristona. Sin embargo, cualquier movimiento hacia uno u otro lado desembocaría en una batalla legal que tardará años en resolverse. Eso siempre que una mayoría en el Congreso le permitiera a Biden abordar el Roe vs. Wade como una ley federal.