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La ministra de Igualdad, Irene MonteroEFE

Sociedad

Cómo la Ley Trans obligará a cambiarse de sexo a cientos de personas que no lo necesitan

El 85 % de las disforias de género se superan al término de la adolescencia a pesar de que la norma apuesta por la cirugía como primera opción

Bajo la excusa de la «despatologización», Igualdad eliminó en el anteproyecto de la nueva Ley Trans la exigencia de someterse a un informe médico que acredite la disforia de género, un término que no gusta en el Ministerio pero que es clave para entender este proceso de transición al que se enfrentan estas personas.

La disforia de género se considera un malestar persistente respecto a los estereotipos sexuales que van asignados con su sexo. También se utiliza para describir el rechazo que siente la persona hacia sus caracteres sexuales primarios y secundarios.

En la actualidad, se estudia principalmente la llamada «disforia de género de inicio rápido», que muestra ciertas peculiaridades y es especialmente sensible al contagio social a través de las redes sociales y los grupos de amistad.

«El principal problema es la falta de análisis de cómo surge la disforia», explican desde la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (AMANDA). «La Disforia de Género de Inicio Rápido se presenta en la pubertad y la adolescencia, que es una etapa más del desarrollo de la persona es fundamental, sobre todo para ciertos colectivos como son las personas neurodivergentes a las que les cuesta encajar entre sus iguales».

Este fenómeno tiene mayor prevalencia entre las chicas, que rechazan la hipersexualización de la mujer en la sociedad actual e incluso se conocen casos de personas que han sufrido abusos sexuales y eso las lleva a rechazar su propio género.

Sin embargo, estimaciones de esta asociación calculan que, con el acompañamiento adecuado, cerca del 85 % de las disforias de género se superan al término de la adolescencia aceptando, por ejemplo, su orientación sexual. «No debe descartarse la intervención farmacoquirúrgica como forma de ayudar a la persona, pero esta debería ser siempre la última opción», apuntan desde AMANDA.

Esto es precisamente lo contrario que promueve la ley, que presenta el cambio de sexo como la primera opción. De hecho, varios colectivos feministas se manifestaron el pasado año –tras conocerse el anteproyecto– para pedir la dimisión de Irene Montero al considerar que el texto empuja a los menores a ser trans.

El problema es que, en estos casos, solo se aplican terapias afirmativas –de aceptación– y de conversión. Numerosos estudios han demostrado que las terapias afirmativas no solo no mejoran la calidad de vida de las personas con disforia, sino que en muchos casos la empeoran. Por eso desde AMANDA inciden en la aplicación de terapias de exploración, aquellas que analicen la causas del malestar y sufrimiento de los menores.

Mayor riesgo de mortalidad

Uno de los estudios más completos sobre el tema fue el Dhejne, de 2011, que mostró que, tras la reasignación de sexo, las personas tienen riesgos considerablemente mayores de mortalidad, comportamiento suicida y morbilidad psiquiatra en comparación con la población general.

El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) alertó sobre los efectos negativos de los bloqueadores de pubertad y hormonas de sexo cruzado, principales fármacos utilizados en los procesos de cambio de sexo.

Es tal la preocupación que países que estuvieron a la vanguardia de este tipo de tratamientos están modificando sus protocolos para abordar la disforia y retrasar cualquier intervención farmacológica o quirúrgica hasta el fin de la adolescencia.

Empujados a operarse

No hay estadísticas sobre el número de personas que se han arrepentido de la operación, pero en las redes sociales y prensa internacional es fácil encontrar miles de casos de jóvenes explicando su caso y denunciando que fueron empujados a someterse a una operación quirúrgica sin cuestionar los verdaderos motivos de su malestar.

«En el momento que se banaliza la ciencia, se banaliza el proceso de transición», comentan desde la Agrupación Amanda. «Hay personas que realmente necesitan tratamientos farmacológicos y quirúrgicos para poder llevar una vida normal puesto que no han conseguido superar su disforia al llegar a la edad adulta, y se trata de tratamientos muy serios que requieren un apoyo psicológico importante y el conocimiento pleno de las consecuencias de las intervenciones farmacológicas y quirúrgicas».

No obstante, el texto presentado por Irene Montero arrincona los criterios científicos para imponer doctrinas ideológicas en procesos que, en la mayor parte de los casos, requieren un tratamiento y acompañamiento psicológico.

Los profesionales, otra vez señalados

Otra cuestión es el señalamiento de los profesionales. Las Ley Trans blindará el tratamiento afirmativo que actualmente siguen las comunidades autónomas y los que quieran adoptar un enfoque más prudente podrían ser inhabilitados o sancionados.