El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en 2021
Campaña contra la vida
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, presiona a Madrid para «analizar» la escasez de abortos públicos
Los centros públicos derivaron a la sanidad privada la mayor parte de las interrupciones voluntarias realizadas entre 2010 y 2019 al acogerse el grosor de sus médicos al derecho a la objeción de conciencia
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha elevado la presión para que los bajos índices de abortos practicados por la sanidad pública madrileña, motivados por la objeción de conciencia a la que pueden acogerse los médicos que los vayan a llevar a cabo, sean valorados y analizados por parte de la Consejería de Sanidad autonómica.
Así lo ha manifestado el excandidato del PSOE a la Comunidad de Madrid a través de un escrito remitido a la líder de Más Madrid, Mónica García, y recogido por El País en el que pone incluso en duda la existencia y aplicación de protocolos de actuación por parte de los hospitales regionales en aquellos casos en los que la vida de la embarazada corra peligro.
«Lo cierto es que de los datos remitidos se desprende que en la red sanitaria pública madrileña no se realizan IVE, ni siquiera por causas médicas, siendo todas derivadas a centros acreditados», escribe Gabilondo, quien apunta que «esta ausencia prácticamente absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo (…) debería ser objeto de valoración y análisis por parte de la Consejería de Sanidad».
El Defensor del Pueblo arma su escrito en base al caso de Marta Vigara, una geriatra que en 2020 fue derivada por razones de conciencia de un centro público a uno privado tras rompérsele la placenta, una condición que ponía en serio riesgo su vida. A este respecto, y pese a que Gabilondo reconoce ese derecho de los sanitarios, señala que «debe ejercerse anticipadamente y por escrito, y que no debe afectar al tratamiento y atención médica adecuada a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo».
La práctica totalidad (el 99,3 %) de los abortos realizados en Madrid entre 2010 y 2019 se llevaron a cabo en centros privados, con una suma de 210.755 intervenciones frente a las 1.608 que fueron practicadas en el sistema público. Son cifras similares a las de Murcia y Extremadura (en este caso, el 100 % fueron efectuados en la red privada), Castilla-La Mancha (99,9 %) o Castilla y León (cuyo porcentaje es algo más bajo y se sitúa en el 82,5 %).
Ayuso, a favor de un aborto «poco frecuente»
En ocasiones anteriores, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que «el aborto tiene que ser legal y seguro, pero poco frecuente». «No se ha de celebrar como una fiesta, una liberación… cuando se vende como un derecho, como hacen las feministas profesionales, las que están en el entorno de PSOE y Podemos, me parece horroroso (…). No es un festival de la libertad», apuntó en una entrevista en 2021.