Las asociaciones provida cargan contra la nueva ley del aborto por no proteger los derechos del menor
Aseguran que la norma atenta contra la sanidad pública y no es competencia del Ministerio de Igualdad porque legisla sobre «una actuación médica y sanitaria» y no sobre un derecho social
Las asociaciones provida mostraron su preocupación este martes, por la aprobación en el Consejo de Ministros de la reforma de la ley del aborto, una norma que, a su juicio, no protege los derechos del menor al permitir que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir sus embarazos sin consentimiento de sus progenitores.
Desde Fundación Madrina lamentaron que se use la salud pública «para atentar contra el mayor interés del menor», en lo que, a su juicio, es una «vulneración de los derechos de la mujer menor, y el derecho de patria potestad de los padres sobre sus hijos menores de edad».
«Esta nueva ley atenta gravemente contra la salud pública, vulnerando, además, los derechos fundamentales de nuestros menores y adolescentes, y usurpándoles el derecho a la maternidad mientras se les impone legalmente abortar. Cada día se viola más los derechos de la mujer en lugar de fomentar su mayor libertad y defensa de sus derechos», ha denunciado la entidad.
Fundación Madrina entiende que con esta Ley «no se está legislando sobre un derecho social» sino sobre «una actuación médica y sanitaria» de la que el Ministerio «no es competente», ya que «el aborto es un acto médico que requiere consentimiento informado y conocimiento de los tutores legales del menor».
Esta práctica, según ha apuntado la fundación, «puede comportar efectos adversos y consecuencias graves de salud que pueden comprometer la vida y la fertilidad de la menor, aparte de los efectos psicológicos permanentes que incluyen intentos de autolesión y estrés post traumático, que se refieren cuanto menor es la edad de la menor», ha señalado.
Prevención y defensa del menor
La entidad, por su parte, exige que haya políticas de prevención, un Defensor del Menor y mayores recursos de acogida y formación para adolescentes y menores embarazadas por su extremada vulnerabilidad, ya que sufren en su mayoría episodios de violencia por parte de su pareja y/o familia.
Además, en cuanto a la educación sexual que plantea esta norma, cree que «debe ser realizada en el hogar por los padres» y que, en el caso de que sea delegada al colegio, «la información debiera ser más tutelada y personalizada».
El texto tampoco convence a la Fundación Redmadre. Su directora general, Amaya Azcona, ha explicado a Europa Press que esta reforma hace que la ley sea «más injusta» y «deja indefenso al no nacido y a la madre, en especial cuando ésta es menor de edad».
Apoyo a la natalidad
«Al contemplar que las mujeres menores de 18 y mayores de 16 pueden abortar sin informar a sus padres, permite que muchas queden a merced de adultos que las puedan dejar embarazadas y obligar o inducir al aborto, por lo que quedarán indefensas frente a posibles delitos», ha advertido.
Es por eso que Redmadre espera que este anteproyecto de ley «no llegue a aprobarse en el Congreso» y Azcona espera que «los políticos comiencen a elaborar leyes y planes de verdadero apoyo a la maternidad».
En este sentido se ha pronunciado también The Family Watch. La entidad no ha valorado el contenido de la norma impulsada por Igualdad, pero sí ha señalado a Europa Press que «en un país con una tasa de fecundidad tan baja» como España, en el que «el índice demográfico está demostrando que cada vez nacen menos niños» abogan por políticas «de apoyo a la maternidad y a la natalidad».