La implacable Ley del aborto abre la puerta al traslado forzoso de los médicos objetores

La reforma de la Ley del aborto que este martes aprobó el Consejo de Ministros abre la puerta al traslado forzoso del personal médico de la Sanidad pública que se declare objetor de conciencia. Un motivo más para el enfado de los colegios profesionales, que ya venían siendo muy críticos con el registro de objetores contemplado en su articulado.

Así lo confirmó la ministra de Igualdad al señalar que el proyecto de ley enviado al Congreso (ahora empieza el trámite parlamentario) estipula que toda solicitante tiene derecho a que se le practique el aborto en el «centro más cercano de la red pública». Puesto que la red pública, según Irene Montero, tiene que ser la «red de referencia».

«Tenemos que regular la objeción de conciencia, como ya lo hemos hecho en la Ley de eutanasia. Y, una vez sepamos quiénes son (los objetores) en la privada y en la pública, cada centro hospitalario y cada comunidad autónoma tendrá que garantizar que hay siempre personal disponible para practicarlos», explicó la titular de Igualdad. «No puede ocurrir que el ejercicio de un derecho constitucional como el derecho a la objeción de conciencia impida el acceso a otro, de más de la mitad de las mujeres, a decidir sobre nuestro propio cuerpo», añadió.

Ello implica que la inscripción en el registro de objetores podrá ser motivo de traslado forzoso para los profesionales de Ginecología y Obstetricia del Sistema Nacional de Salud si en su centro no está garantizado el aborto porque todo o casi todo el personal del servicio se inscribe en el futuro registro de objetores.

Un registro envuelto en polémica desde que se anunció su creación, por las dudas sobre su constitucionalidad denunciadas por médicos y juristas. Puesto que los derechos a la objeción de conciencia y a la protección de datos personales están reconocidos por la Constitución. «Lo que está haciendo la ley es querer significar a los médicos. Quieren crear dos bloques de médicos», según declaró entonces a El Debate el responsable del área de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, el catedrático de Derecho Constitucional Leopoldo Abad Alcalá.

Una competencia transferida

Las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades, así que está por ver cómo articulan este registro de objetores -o «listas negras», para sus detractores- las gobernadas por el PP. El pasado mes de mayo, durante un foro organizado por El Debate, la presidenta de la Comunidad de Madrid garantizó a los médicos madrileños que podrán ejercer su «libertad de conciencia» y no estarán «nunca» en ninguna lista negra.

Isabel Díaz Ayuso acusó entonces a la izquierda de tratar el debate del aborto «con una frivolidad absoluta», «trasladándoles, sobre todo a las más jóvenes, que esto no trae consecuencias cuando sí que las tiene. Además, lejos de ser un derecho es un fracaso», afirmó.

El proyecto de ley de Montero ha sido aprobado por el Consejo de Ministros sin tener los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal, porque la ministra de Igualdad asegura que se estaban demorando demasiado.

Al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, ni siquiera le ha pedido un dictamen. No estaba obligado a ello, pero podía haberlo hecho. «Las leyes orgánicas (y la reforma de la Ley del aborto lo es) no son preceptivas, salvo que sean en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados internacionales, o de transferencia de competencias del Estado a las comunidades, o leyes orgánicas que afecten al Consejo de Estado. El resto no es preceptivo, pero aunque no lo sea el Gobierno puede consultarnos potestativamente todo lo que quiera», explican desde el Consejo de Estado a este periódico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero también reconoció que no ha abordado este proyecto de ley con ninguna asociación provida, ni últimamente ni cuando su Ministerio abrió un «proceso participativo» para recibir sugerencias, en otoño del año pasado.

«No ha participado en el proceso ninguna organización contraria a los derechos humanos ni contraria a los derechos de las mujeres», remachó. La ministra solo ha contado con la opinión de entidades y asociaciones proabortistas como la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, la Federación Estatal de Planificación Familiar, el Parto es Nuestro y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública.

Ahora, la texto salido del Consejo de Ministros llegará al Congreso, donde el Gobierno tendrá que negociar con sus socios parlamentarios. Igualdad no espera grandes contratiempos, dado que el bloque de izquierdas lleva tiempo demandando la ampliación de la Ley del aborto. Si acaso, grupos como los de ERC y Bildu querrán ir más lejos de lo aprobado por Pedro Sánchez y Unidas Podemos.