El Gobierno de Canarias ignoró los avisos de que el volcán de La Palma entraría en erupción
El Ejecutivo se niega a entregar las grabaciones en las que le informaban de la situación. De haberse producido la erupción 500 metros más abajo, habría habido muertos
El Gobierno de Canarias, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, quién pactó un acuerdo con Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, ha desestimado facilitar las grabaciones donde el Comité Científico –que sabía toda la información del proceso eruptivo de La Palma– le avisaba sobre el inminente estallido del volcán de Cumbre Vieja el 19 de septiembre. «Si el volcán rompe 500 metros más abajo habrían muerto muchas personas, por eso se oculta la grabación», reconocen fuentes a El Debate.
En una resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, el Gobierno defiende que se trata de «información auxiliar o de apoyo contenida en opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas», unos tipos de documentos que, en su opinión, no están sujetos a ser accesibles mediante la Ley de Transparencia.
«Se están hablando de cosas documentos científicos que tienen que ver con volcanes, una información que debería ser púbica y que deberían haber retransmitido en abierto». Aún siendo una reunión para ver la situación de La Palma se desestimó lo que dijeron los vulcanólogos y «no se hizo lo que ellos aconsejaron. Encima, pidieron las grabaciones porque lo ha reconocido gente que estuvo allí y se niegan. La prueba aún más inequívoca que hay de lo que se dijo es que se niegan las grabaciones».
La petición de acceso a las actas de los comités del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) se produjo después de que la directora en las islas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), María José Blanco, precisase unas declaraciones realizadas en la Comisión del Parlamento de Canarias que estudia los efectos de la crisis volcánica.
En esa comisión, Blanco apuntó que, en esas reuniones previas, el IGN había manifestado la posibilidad de que hubiese «riesgo inminente» de erupción. No obstante, la decisión del Pevolca fue no incluirlo en su informe tras la deliberación del resto de partes y, por tanto, no recomendar el cambio de semáforo antes del 19 de septiembre de 2021.
Algunos científicos que habían estudiado el impacto que iba a tener el volcán, comunicaron al Ejecutivo la necesidad de comenzar a evacuar a las personas de sus casas, primero las de movilidad reducida o con problemas de salud. «Si se hubiese avisado a la gente hubiesen movilizado animales y pertenencias, pero al no saberlo no hubo esa posibilidad», y denuncian que «podría haber muerto mucha gente, tuvieron mucha suerte con este 'desastre' de no anunciarlo un con informes que lo avisaban».
Jacob Qadri Hijazo, el alcalde de Barlovento, una localidad y municipio español perteneciente a la isla de La Palma, reveló que «el 19 de septiembre por la mañana llamaron a la Policía Local, nos desplazamos a Los Llanos a las siete de la mañana y a las doce nos dicen que la erupción no va a ser ese día, volvemos a casa y dos horas más tardes el volcán entró en erupción».
La defensa
La directora del IGN, María José Blanco, se excusó y declaró que «todas las instituciones se mostraron de acuerdo en que el proceso podía tener una evolución a corto plazo, pero no se llegó a un acuerdo sobre si este plazo era de horas o días, y se excluyó la calificación de la erupción como inminente. Por ello, se decidió que en el informe del Comité Científico se estableciera la redacción siguiente: El proceso continúa y puede tener una evolución rápida a corto plazo. En este momento, el proceso está en fase preeruptiva, con una mayor probabilidad de que culmine en erupción, sin evidencias, en este momento, que permitan establecer una ventana temporal».
El pasado junio, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el Ejecutivo, Julio Pérez, admitió que hubo diferencia de criterio entre los científicos sobre la inminencia de la erupción y que el consenso que adoptaron entre ellos fue mantener el color del semáforo de riesgo ante la imposibilidad de establecer un tiempo concreto sobre la erupción. «Había opiniones singulares, sugerencias en distinto sentido, pero eso no significa que no hubiera unanimidad en el consenso final entre los científicos en su recomendación de mantener el semáforo en amarillo», subrayó entonces el consejero.
En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Erupción anuncia que recurrirá esta decisión de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la comunidad autónoma ante el Comisionado de Transparencia del Parlamento de Canarias.