Suecia, Finlandia o Reino Unido: los países en los que Igualdad se fijó para su 'Ley Trans' comienzan a recular

Los países en los que el Gobierno, y más concretamente el Ministerio de Igualdad, se fijó para impulsar su polémica Ley Trans, han comenzado a recular a pesar de que el Ejecutivo español insiste en el error.

Especialmente significante fue el caso del Reino Unido. La denuncia de Keyra Bell contra una clínica de afirmación de género ha sembrado dudas sobre el sistema empleado para iniciar procesos de este tipo en menores sin autorización judicial, algo que la norma permite en nuestro país.

Convencidos de lo pernicioso que podría resultar la administración de algunos fármacos en menores de edad para esa barra libre de cambio de sexo, países como Suecia, Finlandia, Francia o el mencionado Reino Unido han decidido hacer un parón e incluso rectificar. Se da la circunstancia que algunas de estas naciones no quieren ni oír hablar de la prescripción de bloqueadores de la pubertad a los menores de 18 años, cuando aquí, Irene Montero ha decidido bajar a los 12 la edad para elegir el sexo.

Pero la ola correctora no se queda solo en Europa. En 2021, Nueva Zelanda modificó el proyecto de ley de prácticas de conversión tras escuchar, en el periodo de alegaciones, alertar de los peligros a la especialista en disforia de género Stella O ' Malley.

Escándalo en el Reino Unido

En Reino Unido fue donde se produjo el mayor escándalo. O al menos el más mediático. El testimonio de la citada Keyra Bell, una joven trans arrepentida, llevó a la Justicia a intervenir para condenar al Sistema de Salud público por «aconsejarla», en un primer momento, y suministrarla tratamiento hormonal sin una evaluación psicológica previa.

La joven reconoció haber estado sumida «en una depresión» cuando tomó la decisión: «No encontraba mi lugar en el mundo. No tenía a nadie con quién hablar de estos temas. Al identificarme más con las lesbianas sentí que había encontrado mi tribu», explicó.

Tras una doble mastectomía a los 23 años, sintió que nada de eso había resuelto sus problemas. Una vez consciente, demandó al SNS británico y a la clínica que la trató y el Supremo le dio la razón tras demostrarse que no le ofrecieron ni la suficiente información ni la previnieron de las irreversibles consecuencias tras las intervenciones.

Tras la contundente sentencia, el Reino Unido cortó por lo sano y optó por prohibir cualquier tratamiento irreversible en menores. El escándalo se llevó por delante el centro médico que la atendió, pues la historia se salda con el cierre de la Clínica Tavistock, que era la única que en ese momento contaba con una Unidad de Género en las islas.