La tramitación de una discapacidad causada por violencia de género será más urgente que la de un cáncer metastásico

La tramitación de la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad es uno de los puntos negros de la burocracia de las administraciones públicas en nuestro país. Entre 11 meses y 3 años es el tiempo medio de espera para iniciar los trámites para el reconocimiento de un derecho fundamental para muchas personas que lo necesitan para poder acceder a un puesto de trabajo adaptado, solicitar una ayuda u optar a una plaza en la administración pública. Para denunciar esta intolerable lista de espera, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ya organizó en mayo de este año, bajo el lema #EsperaYDesespera, movilizaciones frente a diferentes edificios públicos de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030 repartidos por toda la geografía española.

Para priorizar los casos más sangrantes, ya que por desgracia hay casos de personas que han fallecido antes de que fuesen citados, en los formularios de solicitud de las diferentes Comunidades Autónomas hay una casilla de 'tramitación preferente' para el caso de un diagnóstico de enfermedad que afecte al pronostico vital. Es decir, que sólo serán tramitados de manera preferente las solicitudes de aquellas personas que padezcan, por ejemplo, un cáncer metastásico estadio IV o terminal. El resto de solicitudes serán atendidas por orden de registro de entrada.

Esto quiere decir que casos como el quedarse en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, una amputación de una pierna por una diabetes evolucionada, o una insuficiencia cardíaca severa tras sufrir dos infartos de miocardio tienen que esperar religiosamente la cola y serán atendidos cuando les toque. Y el concepto de preferente implica un tiempo de espera no inferior a 2 o 3 meses para iniciar los trámites, y que la atención de estas solicitudes preferentes «suaviza» y mejora la estadística global, y como ejemplo tenemos la Comunidad de Madrid, que en su Portal de Transparencia informa de un tiempo medio de espera global de 240 días, 8 meses, una de las más bajas de España.

El anuncio, el pasado 18 de octubre, por parte de la Ministra de Igualdad, de la aprobación en el Consejo de Ministros de un mecanismo de 'tramitación de urgencia' de la discapacidad por causa de violencia de género, viola cualquier mecanismo de equidad, no repara a ninguna víctima, y hasta parece que se burla de aquellas personas que por desgracia tienen una enfermedad con una esperanza de vida acortada o escasa.

Si en verdad quieren reparar a las víctimas de violencia de género que debido a la agresión tengan derecho a un grado de discapacidad, pongan los recursos y las directrices para que se agilicen los trámites administrativos de todas las personas que lo soliciten, a unos tiempos de espera razonables, y sobre todo respeten a las personas, que no son números o datos, detrás de cada solicitud hay una persona, una familia, que siente, que sufre y que padece, un proyecto vital condicionado, en muchas ocasiones, a que le sea reconocido un derecho que la Administración le demora. Parece que otra vez más, la igualdad brilla por su ausencia.