Siete millones de españoles no consiguen mantener sus hogares a una temperatura adecuada en invierno

Un total de 6,7 millones de españoles –el 14,3 % de los hogares– no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares el pasado invierno, según ha revelado un estudio de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. La subida histórica de los precios de la electricidad en España ha disparado el número de afectados por la pobreza energética, dejando un dato «muy preocupante». De hecho, esta lacra afecta ya a 1,6 millones de personas más que en el año de la pandemia y el doble que en 2019.

«Es posible que los ecos de Filomena y el frío que nos dejó durante casi dos semanas en amplias zonas del país calara en el subconsciente de muchos ciudadanos, pero es muy probable también que el indicador esté apuntando a una tendencia creciente en muchas familias a restringir la calefacción por miedo a la factura», reconoce José Carlos Romero, autor principal del informe.

Así, el número de hogares que sufren pobreza energética oculta severa –que gastan mucho menos de lo que realmente necesitan para cubrir sus necesidades energéticas– se ha duplicado en solo un año –pasando del 4,8 al 10,3 %–. El estudio señala que la crisis de los precios de la energía «ha tenido un impacto muy significativo en nuestros hogares sobre todo a partir del otoño», ya que obligó a muchas familias a «restringir su gasto por miedo a unas facturas que se volvieron inabordables de la noche a la mañana».

Además, 4,5 millones de personas –el 9,5 % de la población–no lograron pagar sus facturas energéticas en fecha, una cifra similar a la del año 2020. «No se percibe un aumento de la morosidad, aunque no es buena noticia que se mantenga en el entorno del 10 %», asegura el trabajo.

Donde sí se produjo un leve descenso fue en la proporción de familias que tienen un gasto energético desproporcionado, que bajó del 16,6 al 14,6 %. Esta problemática, que según los autores sigue muy lejos de poder considerarse como bajo control, afectó especialmente a los hogares con rentas más bajas, y tuvo mayor incidencia en Extremadura, Canarias y Andalucía.

Los investigadores también han analizado el impacto de las medidas contra la crisis energética promovidas por el Gobierno, y han calculado que, de no haberse implementado políticas como la reducción del IVA, del impuesto de electricidad, o de cargos y peajes en la factura eléctrica, la pobreza energética oculta severa «habría alcanzado el 11,65%», lo que equivale a «casi 200.000 hogares» más.