Los puntos más polémicos de la ley trans y del aborto

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobará este lunes el dictamen de la Ley Trans, que ha causado una crisis en el seno del Gobierno a causa de la enmienda presentada por el PSOE que limita la autodeterminación de género en los menores de 16 años. Junto con la ley del aborto, suponen dos ejemplos de ingeniería social que el Ejecutivo de coalición intenta imponer a pesar de contar con el rechazo de buena parte de los sectores implicados.

Ley del aborto

Aprobada por el Consejo de Ministros en segunda vuelta un 30 de agosto, la ley del aborto nació sin el dictamen del Consejo de Estado para evitar otro rapapolvo, como ocurrió con la ley trans. Este texto es un claro ejemplo de pendiente resbaladiza que facilita aún más la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres cada vez más jóvenes, incluso menores, sin consentimiento paterno.

Sin permiso paterno

Y es que las chicas de 16 y 17 podrán abortar sin necesidad de contar con el permiso paterno, incluso para las jóvenes que tengan discapacidad. Tampoco serán necesarios los tres días de reflexión e incluye una baja incapacitante. «Es un nuevo avance para la democracia del país», lo consideró la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Aborto gratuito y universal

Los hospitales públicos españoles estarán obligados a crear unidades y tener personal dispuesto a realizar las intervenciones, más allá de que los facultativos se nieguen. Si no es posible practicar el aborto en un centro público, de manera excepcional se podrá derivar a una clínica privada.

Registro de objetores

Precisamente, para los casos de los médicos que se nieguen, la ley contempla la creación de un registro de objetores. Una «lista negra» de dudosa legalidad que ha sido criticado por el sector, que preferiría una lista de profesionales que sí estén a favor de realizar el procedimiento.

Píldora del día después

Las píldoras del día después, actualmente disponible en farmacias por alrededor de 20 euros, serán distribuidas gratuitamente por los centros de salud sexual y reproductiva.

Baja laboral por dolores menstruales

El anteproyecto de ley contempla también una baja laboral en caso de reglas muy dolorosas e «incapacitantes».

Reparto gratuito de anticonceptivos

Los centros educativos repartirán métodos anticonceptivos en el marco de campañas de educación sexual, mientras que la Seguridad Social cubrirá la distribución de píldoras anticonceptivas. Al mismo tiempo, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica para informar sobre los métodos actualmente existentes.

Ley trans

Otro de los «grandes proyectos» de Igualdad, el texto fue aprobado a finales de junio y ha abierto una brecha entre las dos formaciones de Gobierno a cuenta de sus tesis. El proyecto de la Ley Trans superó el pasado 30 de noviembre la fase de ponencia, es decir, la negociación a puerta cerrada entre los grupos parlamentarios. En esa reunión se acordó un texto con un primer grupo de enmiendas incorporadas a la norma, entre las que no está la socialista relativa a los menores de 16 años.

Tampoco se incluyeron otras propuestas del PSOE como la reversibilidad del cambio de sexo autorizada por un juez o la que pide modificar el artículo 65 para eliminar de su título la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI).

Dicho texto es el que se elevará este lunes a la Comisión de Igualdad, donde los diputados votarán si finalmente el proyecto de ley incluye estas y otras enmiendas que han quedado vivas.

«Autodeterminación» de género

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la llamada «autodeterminación» de género, una cuestión que ha generado serias discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos y en la que Montero se ha terminado imponiendo al consentir que un cambio de sexo se pueda llevar a cabo sin informe médico preceptivo ni tratamiento hormonal.

Barra libre al cambio de sexo

Además de no necesitar informes, el texto prevé que el cambio de sexo se pueda realizar a partir de los 16 años y sin necesidad de permiso parental. Esto, para más inri, choca con el dictamen emitido en abril por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que proponía elevar dicha edad a los 18 años.

En cuanto al llamado «cambio de sexo registral», que abre la puerta a que los menores de entre 12 y 14 años puedan modificar su género sobre el papel, el CGPJ también pedía subir la edad a la franja de entre 14 y 16, siempre y cuando (y al contrario de lo que establece la nueva ley) se cuente tanto con la autorización de los representantes legales como de una aprobación judicial.

Reconversión de género

Según la nueva normativa, una persona trans pueda recuperar la identidad anterior, pero solo por la vía judicial y pasados al menos seis meses de la modificación en el registro. Este punto también ha suscitado críticas de una parte del feminismo, que reprocha que la libre determinación de género servirá para que las personas trans se acojan a los beneficios de normas y medidas que buscan la equiparación de derechos entre hombres y mujeres.

En este sentido, el CGPJ puntualizó que algunos artículos del texto implicaban una «discriminación indirecta de aquellas personas no recogidas en el ámbito de aplicación [de la ley], especialmente significativa hacia las mujeres no transexuales», lo que ejemplificaba con la «diferencia de las condiciones físicas» entre las mujeres transexuales y las mujeres biológicas en el mundo del deporte.

La intersexualidad

Igualdad habla también en la norma de los derechos de las personas intersexuales, las que nacen tanto con genitales femeninos como masculinos. A este respecto, la ley prohíbe las mutilaciones genitales quirúrgicas de los bebés y amplía esta edad hasta los 12 años, siempre y cuando no haya un riesgo para la salud. En el caso de los menores de entre 12 y 16 años, solo se permitirán si lo solicita la misma persona que, por su edad y madurez, pueda consentirlo.

Reproducción asistida

Por último, la ley recupera el derecho de las personas lesbianas y bisexuales a acogerse a tratamientos de reproducción asistida, eliminado por el Partido Popular en 2007.