Las aberraciones de la ley trans: de la libre autodeterminación a la prohibición de las terapias de reconversión

La ley trans se ha convertido en un escándalo político y mediático que casi ningún grupo de la sociedad respalda. Se basa en una gran fábula que trata de abolir la realidad sobre el ser humano. A pesar de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ganase la penúltima batalla, sigue siendo un proyecto con «muchas carencias».

Desde que el texto salió del Consejo de Ministros no ha sufrido ninguna modificación visible, pero ha tenido pequeñas remodelaciones. Una de ellas después de que el Consejo General del Poder Judicial propusiese elevar el permiso parental del cambio de sexo a los 18 años.

El pasado lunes, tras el dictamen de la Ponencia aprobado por la Comisión de Igualdad, se notificaron cambios y rechazos en las enmiendas propuestas por diferentes grupos parlamentarios, lo que abrió una brecha entre el PSOE y Podemos.

Autodeterminación de género

La enmienda rechazada por el grupo morado, y registrada por el partido de Pedro Sánchez, tenía como último fin que los niños con edades comprendidas entre los 12 y 15 años que quisieran cambiar el sexo en el Registro Civil, debían contar con un aval judicial. Podemos lo rechazó, por lo que continuará tal y como se remitió a la Corte, es decir, permitirán que cualquier persona mayor de 16 años pueda cambiarse el sexo en el documento de identidad sin autorización. Tampoco serán necesarios los documentos médicos o psiquiátricos.

Entre los 14 y los 16 años sí será necesaria la autorización. En caso de conflicto, tal y como explicaron, entrará en juego el papel de un defensor judicial. Además, entre los 12 y 14 años, sería necesaria la previa autorización de un juez. Se trata de una ley, según los expertos sanitarios, que afecta a la patria potestad.

Proceso para la rectificación registral

El proceso para la rectificación registral se iniciará en el Registro Civil. Tras la solicitud se deberá informar al solicitante de las consecuencias jurídicas que esto tiene, así como de la posibilidad de apoyo durante el procedimiento, incluyendo medidas de proyección contra la discriminación, promoción del respeto y fomento de la igualdad de trato.

Una vez esté firmada y presentada se dictará una resolución sobre la rectificación registral. Este trámite podrá durar un máximo de cuatro meses, ya que no será hasta pasados los tres meses cuando se vuelva a convocar al solicitante para que confirme la aprobación de la solicitud presentada.

En este punto, y siguiendo lo que dice la norma, los menores de entre 12 y 14 años podrán modificar su género. Ante esto, el CGPJ también pidió que se aumentase la edad a 14 y 16 y que se presentase una autorización de los representantes legales o del juez.

Despatologización de personas trans

La norma pretende despatologizar a las personas trans para que se les deje de considerar como «enfermas». En este sentido, Igualdad incluye protocolos dirigidos a las personas trans para ofrecerles la inclusión en los tratamientos de reproducción asistida.

Uno de los puntos más comentados y criticados del departamento de Montero tiene que ver con la prohibición de las conocidas terapias de conversión con la finalidad de que no se «modifique» la orientación sexual o identidad de género de las personas mediante terapias psicológicas.

Derechos de las personas intersexuales

Montero ha introducido la mejora en la atención sanitaria de las personas intersexuales, así como sus derechos. Estas personas son aquellas cuyos cuerpos no coinciden con los patrones sexuales que constituyen el sistema binario (hombre o mujer). Es decir, nacen con órganos masculinos y femeninos.

En este aspecto, la ley prohíbe la mutilación de órganos genitales a los pequeños. En caso de querer someterse a una operación de este tipo, los niños deberán esperar hasta los 12 años de edad. En el caso de los menores de entre 12 y 16 años, solo se permitirán si lo solicita la misma persona que, por su edad y madurez, pueda consentirlo.

Sanciones por conductas de LGTBIfobia

Igualdad castigará a las personas que cometan actos discriminatorios en cualquier ámbito. Será de su propio criterio considerarlas infracciones administrativas graves o muy graves.