El año cierra con 133 beneficiados por la ley del 'solo sí es sí' y 17 excarcelados

En octubre del 2022 entró en vigor la polémica Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí'. Siguiendo un principio básico del derecho penal en el que se ha de aplicar la norma penal más favorable al reo, desde el momento de su ratificación se han sucedido las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales.

Esta nueva ley ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso. Esto significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpora una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual.

La cifra es escalofriante: asciende a 133 delincuentes favorecidos por la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. La rebaja de penas ha causado en muchos casos la salida de la cárcel de muchos presos. En concreto, desde octubre 17 violadores y abusadores han sido excarcelados debido a que con el nuevo cómputo ya habían amortizado la pena.

En la mayoría de casos, los delincuentes ven reducida su condena dos años debido a que es la cuantía que ha descendido al modificarse el Código Penal para este tipo de delitos. Sin embargo, la aplicación de la nueva norma ha supuesto una rebaja de hasta siete años de prisión, aunque en otros ha sido de días o meses.

Este negro cómputo de 2022 lo han cerrado cuatro nuevas revisiones a la baja de condenas a agresores sexuales en Oviedo y Orense. En menos de tres meses, centenares de presos han pedido una revisión de sus penas, terminando en la mayoría de ocasiones siéndoles favorable. Una cifra que no parará de aumentar, y es que fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el número de casos en los que se aplican las rebajas seguirá creciendo ante las revisiones pendientes en todas las comunidades autónomas.

Igualdad culpa a los jueces

Cuando este goteo empezó, el Ministerio de Igualdad culpó a los jueces, llegando algún dirigente de Unidas Podemos a llamarlos «fachas con toga». La presión, sin embargo, recayó en Irene Montero ante las acusaciones de desoír las advertencias de, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya advirtió en 2021 que la aprobación de esa ley traería consigo la revisión de las condenas.

Desde Igualdad se ha insistido en que el problema no es la ley y no hay ningún tipo de intención en cambiarla, a pesar de que varias voces socialistas sí han sugerido esta solución quirúrgica. Algo que, en realidad, tampoco cambiaría mucho el escenario, puesto que incluso aunque se derogase, los condenados que hayan cometido los hechos durante su vigencia podrían seguir acogiéndose a ella al ser más beneficiosa para ellos.

A pesar de la controversia que causó y de que se trasladó la responsabilidad al ministerio que dirige Montero, la polémica se fue apagando y tapando con otras no menos preocupantes, como la derogación de la sedición o la reforma de la malversación para contentar precisamente a los sediciosos y malversadores que actúan como socios del Gobierno.