El 20 % de las sentencias por violencia de género fueron absolutorias en 2022

El panorama español en cuanto a la violencia de género se refiere es preocupante. El año 2022 se cerró con 49 mujeres asesinadas, una más que en 2021. Diciembre fue el mes más negro desde que hay registros. 11 mujeres murieron, ocho a manos de hombres –las otras tres están aún por determinar–.

Los indicadores de la violencia de género del tercer trimestre de 2022 también han hecho saltar las alarmas, durante los meses de julio, agosto y septiembre, los órganos judiciales de toda España registraron un total de 49.479 denuncias, un 9,73 % más que en el mismo periodo del 2021. Siete de cada diez de esas denuncias las presentaron las propias víctimas, que durante el tercer trimestre de 2022 fueron 47.955, un 9,41 % más que un año antes.

A pesar de ello, no todas las denuncias llegaron a un buen puerto. En el tercer trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales en procesos de violencia de género se situó en el 79,85 %. El número total de sentencias dictadas durante el trimestre analizado fue de 12.588, de las cuales 10.052 fueron condenatorias y 2.536 (20,15 %), absolutorias.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo un año más en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,86 %. En las audiencias provinciales, que tratan los casos más graves, dictaron condena en el 72,73 % y absolvieron el 27,27 %. Por otro lado, el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situaron en el 66,06 %, el 33,94 % de los casos se exculparon.

Gema Cornejo, abogada de Derecho de Familia, asegura que «en muchas ocasiones las víctimas presentan una denuncia y luego, por una cuestión emocional, se acogen a su derecho a no declarar, a su dispensa y retiran la acusación».

En caso de duda, los casos se absuelven. «Se trata de un problema sobre todo de prueba. A la hora de conseguir la orden de protección, el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige dos requisitos que son importantes. Indicios fundados de los delitos de violencia de género y además, una situación objetiva de riesgo», detalla Cornejo. Es decir, si no se cumple alguno de ellos se deniega la orden de protección.

Órdenes de protección

El dictamen de órdenes de protección hacia las víctimas no es igual en todas las comunidades autónomas. Existe cierta disparidad. Si se analizan por separado las órdenes de protección incoadas y acordadas por los juzgados de violencia contra la mujer y los juzgados de guardia, se ve que los primeros dictaron un 66,7 % (6.873) de las 10.302 de las solicitadas. En el caso de los juzgados de guardia se contabilizó un 76 % (1.459) de las 1.911 que fueron solicitadas.

La desigualdad de las comunidades autónomas a la hora de ofrecer las órdenes no está claro, ya que «no hay un criterio claro», puesto que «el que establece cuáles son los criterios a la hora de conceder los requisitos son: en el caso de las órdenes la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el de los criterios el Tribunal Supremo», expresa la abogada de familia.

La mayor parte de los delitos se cometen en la intimidad, por lo que el único medio de prueba es la declaración de la víctima. «Aunque el Tribunal Supremo ya ha establecido cuáles son los requisitos, muchas veces por una cuestión de instinto emocional, porque son víctimas que están muy mermadas psicológicamente, no se atreven a contarlo», apunta la letrada.

Denuncias por partes de lesiones

Las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron en 2022 a 47.955. Esta cifra representa un aumento del 9,41 % respecto al mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 43.830. El porcentaje de mujeres víctimas de nacionalidad española se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años. Entre julio y septiembre, dos de cada tres víctimas, el 64,85 %, eran españolas.

El aumento en el número de víctimas queda reflejado en la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, pasó de 18,2 en el tercer trimestre de 2021 a 19,8 de este año (1,6 puntos más).

Por encima de la media nacional se situaron Baleares (35,2), Murcia (25,8), Comunidad Valenciana (25,4), Andalucía (23,8), Canarias (23,1) y Madrid (21). Por debajo de la tasa nacional, Navarra (19,6), Cantabria (18,4), Aragón (17,8), Castilla-La Mancha (16,2), Cataluña (15,7), Extremadura (15,4), La Rioja (14,3), País Vasco (14), Galicia (13,3), Castilla y León (13) y Asturias (12,5).

Acompañamiento psicológico

En estos caso la declaración de las víctimas es muy importante al tratarse de «la única prueba de cargo que se tiene contra el denunciado acusado». Para ello, Cornejo, que también es criminóloga, realizó una tesis sobre la importancia de que «un psicólogo acompañe a las víctimas».

Esta práctica no consiste en decirles lo que tienen que contar, pero sí «cómo expresar el dolor, detallar las vivencias y saber cuáles son las partes más importantes» porque «muchas veces para ellas el detalle más importante emocionalmente es el más insignificante penalmente».

«Sería fundamental un acompañamiento psicológico desde el minuto cero. Lo mismo que hay un abogado a la hora de declarar, en los juzgados de guardia, que hubiera un psicólogo que pudiera acompañar a la víctima, sobre todo para efectos de claridad de su declaración», concluye la letrada.